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La Comisión (concejo) de la ciudad de Miami aprobó por unanimidad la creación de un grupo de trabajo encargado de investigar a negocios locales que mantengan posibles vínculos con el Gobierno de Cuba, una medida que podría conducir a la revocación de licencias comerciales si se comprueban irregularidades.
La propuesta, votada el jueves por los comisionados, se suma a iniciativas similares adoptadas recientemente por el gobierno local de Hialeah, ciudad vecina que concentra la mayor proporción de ciudadanos cubanos en Estados Unidos y que anunció acciones contra comercios que mantengan relaciones con la isla.
Antes de entrar en vigor, la medida deberá ser firmada por la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, quien asumió el cargo el pasado diciembre y se convirtió en la primera persona no hispana en liderar el gobierno municipal de la ciudad.
El plan contempla la creación de un equipo de trabajo integrado por empleados de la ciudad y de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, con el objetivo de identificar actividades comerciales que puedan considerarse ilegales o inapropiadas.
Durante la sesión, el comisionado del distrito 4, Ralph Rosado, advirtió que “cualquier empresa que actúe de manera ilegal o inapropiada y ayude al Gobierno de Cuba corre el riesgo de ser cerrada”.
Miami alberga a más de 100,000 residentes de nacionalidad cubana, además de cientos de miles de personas de origen cubano que emigraron en las últimas décadas. Barrios emblemáticos como la Pequeña Habana concentran numerosos comercios administrados por miembros del exilio, para quienes el tema tiene una fuerte carga histórica y política.
