Nuevo reglamento en España abre vía de regularización para inmigrantes
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La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en España, el pasado 20 de mayo, podría marcar un antes y un después para miles de inmigrantes en situación irregular, incluida una significativa parte de la comunidad dominicana, especialmente en regiones como Madrid y Cataluña.
La reforma, contenida en el Real Decreto 1155/2024, introduce cambios clave orientados a facilitar la integración legal y social de personas que llevan años residiendo en el país sin documentación.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la reducción del plazo para solicitar arraigo social de tres a dos años, la creación del arraigo de segunda oportunidad, y la unificación de permisos para familiares de españoles, ampliando la edad máxima de reagrupación de hijos de 21 a 26 años.
También se flexibilizan los permisos para estudiantes extranjeros, quienes ahora podrán trabajar hasta 30 horas semanales y cursar parte de sus estudios de forma virtual, con requisitos económicos menos restrictivos.
Además del reglamento, el Gobierno español ha propuesto una regularización extraordinaria que podría beneficiar a unas 400,000 personas que residían en el país antes del 31 de diciembre de 2024. Esta medida permitiría otorgar autorizaciones de residencia y trabajo por un año, incluso sin contrato laboral previo, siempre que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni órdenes de expulsión vigentes.
Aunque se desconoce cuántos dominicanos viven en condición irregular, se estima que una parte importante de esta comunidad podría acogerse tanto al nuevo reglamento como a la propuesta de regularización.
Organizaciones como “Regularización Ya” han valorado el avance, aunque también advierten sobre limitaciones en el alcance de las medidas y posibles retrasos administrativos debido al aumento en la demanda de trámites en las oficinas de extranjería.
Estas reformas representan un avance hacia una política migratoria más inclusiva, aunque su éxito dependerá de su implementación efectiva y del acceso real de los beneficiarios a los nuevos procedimientos.
