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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó enérgicamente el golpe de Estado ocurrido en Madagascar, donde el coronel Michael Randrianirina asumió el control del país tras derrocar al presidente Andry Rajoelina, cuyo paradero aún se desconoce.
En un comunicado oficial, Guterres exigió el restablecimiento inmediato del orden constitucional y del gobierno civil, subrayando que “la estabilidad democrática y el respeto al Estado de derecho son esenciales para la paz y el desarrollo del pueblo malgache”.
El levantamiento militar se produjo tras tres semanas de protestas masivas, encabezadas por jóvenes del movimiento Gen Z Madagascar, que denunciaban la corrupción gubernamental y el deterioro de los servicios públicos.
La unidad de élite CAPSAT, comandada por Randrianirina, respaldó la revuelta y proclamó un gobierno militar provisional, que regirá el país por un periodo máximo de dos años antes de convocar elecciones generales.
Los militares justificaron su intervención alegando presión social, crisis institucional y pobreza generalizada, factores que —según afirmaron— amenazan la estabilidad nacional.
La Unión Africana (UA) y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) condenaron también la asonada y anunciaron el envío de misiones diplomáticas y técnicas a Antananarivo.
El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, reafirmó “la solidaridad del organismo con el pueblo de Madagascar” e instó a todas las partes a alcanzar un acuerdo que restituya la gobernabilidad democrática.
Por su parte, Francia y Estados Unidos se unieron al llamado internacional para que los militares respeten los derechos fundamentales y devuelvan el poder a las instituciones civiles.
“Es imperativo preservar la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado desde París.
Con este episodio, Madagascar suma su cuarto golpe militar desde la independencia en 1972, tras los ocurridos en 1975, 2009 y ahora en 2025, con el CAPSAT nuevamente como protagonista central del cambio de poder.