Imagen de referencia. (Fuente externa)
Diversas agencias de las Naciones Unidas han solicitado al Gobierno de Perú que deje sin efecto una reciente legislación que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado.
La Ley 32330, promulgada por el Ejecutivo el pasado sábado, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Entre los organismos que expresaron su preocupación figuran el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En un comunicado conjunto, estas entidades señalaron que la norma va en contra de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional al que Perú está adherido y que obliga al Estado a proteger los derechos de los menores de edad.
“Exhortamos a los poderes del Estado a reconsiderar esta decisión y a priorizar el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil con recursos técnicos y económicos adecuados, con el fin de garantizar la prevención, rehabilitación e inclusión social de los adolescentes involucrados en actos delictivos”, manifestaron.
Según datos oficiales citados por las agencias, el 98 % de los delitos en Perú son cometidos por adultos, por lo que la ley, aseguran, no contribuirá significativamente a mejorar la seguridad ciudadana. Además, alertaron sobre el riesgo de que adolescentes sean encarcelados junto a adultos, lo cual podría incrementar su exposición a entornos criminales en lugar de facilitar su reinserción.
El rechazo a la nueva ley también se ha hecho sentir dentro del propio país. El Poder Judicial publicó un pronunciamiento en el que calificó la norma como incompatible con la Constitución y los tratados internacionales. El Ministerio Público, por su parte, recordó que ya existe un sistema especializado para tratar a menores en conflicto con la ley penal, y advirtió que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos.
La iniciativa fue defendida en el Congreso por parlamentarios como Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista, quien argumentó que muchas organizaciones criminales utilizan a menores para ejecutar delitos graves, aprovechando su inimputabilidad. No obstante, la ley ha encendido un debate sobre los límites de la justicia penal y la necesidad de políticas más efectivas para combatir la inseguridad sin vulnerar derechos fundamentales.
