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El sacerdote y activista por los derechos humanos Nino Ramos reiteró su llamado al Gobierno para que no autorice permisos de explotación minera en la Cordillera Septentrional, al advertir que esa decisión pondría en riesgo fuentes de agua y comunidades históricas de la región.
Ramos explicó a través de El Rumbo de la Mañana, que su principal preocupación se centra en el proceso jurídico que podría abrir la puerta a la explotación minera luego de la fase de exploración.
“No sé el proceso jurídico que hay, lo que sí sé es lo que dice el artículo octavo, que le da el permiso para pedir enseguida el permiso de explotación”, afirmó, al señalar que ese paso sería el que podría provocar mayores daños ambientales y sociales.
“A los campesinos les dijeron que andaban por allá buscando debajo de la tierra un bicho que estaba haciendo daño a la producción”, sostuvo e indicó que muchos productores permitieron el acceso a sus terrenos creyendo esa versión, hasta que posteriormente se descubrió que se trataba de labores vinculadas a estudios mineros.
Durante la entrevista en el programa de Rumba FM, Ramos advirtió que los posibles proyectos mineros afectarían múltiples fuentes hídricas de la región norte del país.
Explicó que el agua de esa cordillera abastece gran parte de la provincia de Puerto Plata y alimenta importantes ríos de la zona. “El 90 % del agua de Puerto Plata sale de esa montaña”, afirmó, al mencionar también posibles impactos en el Río Yásica y el Río Sonador.
El activista subrayó que su postura no se opone de manera absoluta a la minería, siempre que esta no afecte la vida humana ni los recursos esenciales.
“La industria de la minería que no afecte al ser humano y al agua fundamentalmente, no tenemos ningún problema”, señaló. Sin embargo, insistió en que en este caso la prioridad debe ser proteger los recursos naturales que sostienen a las comunidades.
Ramos citó además disposiciones de la Constitución de la República Dominicana para respaldar su postura. Recordó que el artículo 15 establece que, “el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público y que el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.
Asimismo, mencionó el artículo 67, que establece como deber del Estado prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente.
“Solamente pedimos eso: respeten la Constitución, que respetando la Constitución van a respetar a la gente y al ambiente”, concluyó el sacerdote, al insistir en que el país debe priorizar la protección del agua y de las comunidades por encima de proyectos extractivos que puedan generar daños irreversibles.
