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El director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios derivados de muertes ocurridas durante intervenciones policiales, como el caso del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, fallecido recientemente en Herrera, Santo Domingo Oeste.
Valentín Santos explicó que, aunque existe una responsabilidad penal individual contra los agentes involucrados en hechos de esta naturaleza, la institución policial también podría ser llamada a responder económicamente por los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares.
“Si bien existe una responsabilidad individual en el ámbito penal, no es menos cierto que, por la proyección de vida de la víctima y las características de los hechos, la institución de la Policía Nacional también podría ser demandada por los daños y perjuicios ocasionados”, afirmó.
El director de la Defensa Pública recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los Estados pueden ser responsables cuando sus agentes utilizan la fuerza de manera excesiva o desproporcionada.
Valentín Santos sostuvo que los estándares internacionales establecen que la fuerza policial debe ser utilizada únicamente como último recurso, de manera proporcional y respetando la vida e integridad de las personas.
El funcionario señaló que muchas de las víctimas de estos hechos son jóvenes entre 18 y 25 años, una etapa en la que existe una alta expectativa de desarrollo personal y productivo.
Valentín Santos afirmó que las actuaciones cuestionadas de algunos miembros de la Policía Nacional afectan la imagen del país ante organismos internacionales de derechos humanos.
El director de la Defensa Pública exhortó al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional a reforzar la capacitación de los agentes, fortalecer los controles internos y garantizar el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza.
“No podemos seguir perdiendo vidas jóvenes ni exponiendo al Estado dominicano a condenas internacionales ni a cuantiosas demandas civiles. La seguridad ciudadana debe garantizarse siempre con pleno respeto a la vida, la dignidad humana y el Estado de derecho”, concluyó.
