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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor informó que durante el período enero-marzo de 2026 logró gestionar la devolución de RD$125,210,193.89 a favor de consumidores afectados por irregularidades en la compra de bienes y la contratación de servicios, reafirmando su rol como garante de los derechos de la ciudadanía en la República Dominicana.
A través de un comunicado de prensa, el director de la entidad, Eddy Alcántara, destacó que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido en la eficiencia de los procesos de mediación, así como un aumento en la confianza de la población en los mecanismos institucionales de reclamación.
“Hoy tenemos un consumidor más consciente de sus derechos y una institución más ágil para responder. Eso se traduce en soluciones reales y en dinero que retorna al bolsillo de la gente”, expresó el funcionario.
De acuerdo con el informe, durante el primer trimestre del año se registraron 1,484 casos, de los cuales cerca del 90 % fue resuelto mediante acuerdos conciliatorios, evitando así procesos judiciales prolongados y costosos.
Entre las causas más frecuentes de reclamación figuran conflictos relacionados con daños inmobiliarios, incumplimiento de servicios, fallas en electrodomésticos, compra de vehículos, incumplimiento de garantías, devoluciones, cargos indebidos y publicidad engañosa, evidenciando patrones recurrentes en el mercado de bienes y servicios.
En ese contexto, la institución destacó que cada caso resuelto no solo representa una compensación económica, sino también un avance en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos del consumidor.
Asimismo, Pro Consumidor reiteró que continuará fortaleciendo sus programas de vigilancia del mercado, educación al consumidor y orientación ciudadana, con el objetivo de reducir malas prácticas comerciales y garantizar mayor transparencia en las relaciones de consumo.
Estas acciones se desarrollan en el marco de la Ley 358-05, normativa que regula la protección de los derechos del consumidor en el país y que establece mecanismos para la defensa efectiva de los usuarios ante abusos o incumplimientos.
De igual manera, la entidad ha incrementado la realización de operativos de inspección y fiscalización en establecimientos comerciales, lo que ha permitido detectar irregularidades de forma más oportuna y promover soluciones rápidas antes de que los conflictos escalen a instancias legales, contribuyendo así a un mercado más equilibrado y confiable para todos los ciudadanos.
