TC conocerá recurso que busca despenalizar el consumo personal de drogas en RD
El Tribunal Constitucional (TC) conocerá este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, modificada por la Ley 17-95, mediante la cual se busca eliminar las sanciones penales aplicadas a la posesión para consumo personal y al consumo privado de sustancias controladas cuando estas conductas no afecten a terceros.
El recurso fue presentado por el abogado Affe Gutiérrez Gil, quien solicita al alto tribunal declarar inconstitucionales esas disposiciones o establecer una interpretación acorde con la Constitución dominicana y los tratados internacionales suscritos por el país.
La acción sostiene que la legislación vigente permite perseguir penalmente a personas únicamente por consumir o poseer sustancias para uso propio, una práctica que, según el documento, podría entrar en contradicción con derechos fundamentales como la dignidad humana, la intimidad y el derecho a la salud.
La adicción como condición de salud
Uno de los principales argumentos del recurso es que la adicción debe ser entendida como una condición médica y una enfermedad crónica reconocida por la ciencia, y no como una conducta delictiva voluntaria.
Bajo esa premisa, plantea que el tratamiento penal de las personas con dependencia a sustancias puede vulnerar el derecho a la dignidad humana establecido en el artículo 38 de la Constitución, así como el derecho a la salud contemplado en el artículo 61.
El escrito también invoca el Bloque de Constitucionalidad, establecido en el artículo 74 de la Carta Magna, además de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decisiones judiciales internacionales, incluyendo el caso Arriola de la Corte Suprema de Argentina.
La solicitud argumenta que las conductas realizadas en el ámbito privado que no lesionen derechos de terceros deben permanecer dentro del espacio de la vida personal y no necesariamente ser objeto de sanción penal.
Cuestionamientos al sistema penitenciario
El recurso también plantea preocupaciones sobre el impacto de los delitos relacionados con drogas en el sistema penitenciario dominicano.
Según los argumentos presentados ante el Tribunal Constitucional, entre un 20 % y un 30 % de la población carcelaria estaría vinculada a delitos relacionados con sustancias controladas, mientras que una proporción significativa de las personas privadas de libertad permanece bajo prisión preventiva.
El documento cuestiona que las personas con problemas de adicción no siempre tengan acceso a programas adecuados de tratamiento y rehabilitación, señalando que el sistema penal puede convertirse en una respuesta insuficiente frente a un problema de salud pública.
Críticas a la Ley 50-88
Otro punto planteado en la acción es que la Ley 50-88 permite determinar posibles intenciones delictivas basándose principalmente en la cantidad de sustancia ocupada.
El recurso sostiene que esa práctica podría afectar principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de culpabilidad, al considerar que la cantidad por sí sola no necesariamente demuestra que exista una intención de distribución o comercialización.
Para sustentar este planteamiento, los abogados citan criterios establecidos previamente por el propio Tribunal Constitucional, incluyendo la sentencia TC/0365/17.
Solicitudes al Tribunal Constitucional
La acción pide al Tribunal Constitucional declarar incompatibles con la Constitución, de forma parcial o condicionada, varios artículos de la Ley 50-88, específicamente aquellos relacionados con la penalización de la posesión destinada al consumo personal y el consumo privado sin afectación a terceros.
De manera alternativa, solicita que esas normas sean interpretadas de forma que fiscales y jueces deban demostrar de manera individualizada actos de distribución o comercialización, evitando que la cantidad de sustancia sea utilizada como única prueba de una conducta criminal.
Además, plantea que el Congreso Nacional revise el marco legal sobre sustancias controladas, tomando en cuenta criterios de salud pública, proporcionalidad y derechos humanos.
