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En los últimos meses la palabra "transparencia" se ha convertido en una de las más utilizadas en el ámbito de las contrataciones públicas, especialmente con la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25. Aunque hoy el tema cobra mayor relevancia, el derecho de cualquier persona a solicitar información pública existe en la República Dominicana desde hace más de veinte años. Además, herramientas como el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) permiten que la ciudadanía consulte procesos, contratos y otros documentos oficiales de manera rápida y sencilla.
Sin embargo, la transparencia no consiste únicamente en que la información esté publicada en una plataforma digital. También es importante que esa información sea clara, completa y fácil de comprender. De poco sirve que los documentos estén disponibles si las personas no saben cómo interpretarlos o desconocen cómo funcionan los procesos de contratación pública. La transparencia solo cumple su propósito cuando permite a los ciudadanos entender cómo se toman las decisiones y ejercer un verdadero control sobre la gestión pública.
El gran reto no es crear más plataformas o aprobar nuevas leyes, sino fortalecer una cultura de transparencia. Esto implica contar con servidores públicos preparados, instituciones que documenten correctamente sus decisiones y ciudadanos informados que sepan utilizar las herramientas disponibles. En definitiva, la transparencia no se mide por la cantidad de documentos publicados, sino por la calidad, legalidad y justificación de las decisiones que toma el Estado.
