Abinader declara prioridad nacional el combate al terrorismo medioambiental

Por Wilka Matos
Publicado el 2 sept 2026

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 615-26, mediante el cual declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del denominado terrorismo medioambiental en todo el territorio de la República Dominicana.

La disposición busca fortalecer la respuesta del Estado frente a acciones que puedan provocar daños graves a los recursos naturales, los ecosistemas o infraestructuras consideradas estratégicas para el país.

Durante la presentación del decreto, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, explicó que la medida no crea una nueva infracción penal. Su propósito es establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad nacional, la protección ambiental y la gestión de riesgos.

¿Qué se considera terrorismo medioambiental?

Para fines de coordinación interinstitucional, el decreto contempla como terrorismo medioambiental los actos dirigidos contra los recursos naturales, los ecosistemas o las infraestructuras ecológicas, utilizando los mecanismos establecidos en la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

Entre las infraestructuras objeto de especial protección figuran los sistemas de irrigación, presas, embalses, lagos, canales principales de riego, acueductos y plantas de tratamiento.

  • Según explicó Rivas, estas infraestructuras son fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la seguridad de la población.

Protección de recursos estratégicos

El decreto también establece una atención especial sobre activos ambientales considerados estratégicos para las labores de prevención, vigilancia, protección y gestión de riesgos.

Entre ellos se encuentran las cuencas hidrográficas prioritarias, los acuíferos y los humedales, además de otros espacios de importancia ecológica.

  • Con la firma del Decreto 615-26, el Poder Ejecutivo busca reforzar la coordinación institucional para prevenir, investigar y enfrentar acciones que puedan comprometer los recursos naturales y las infraestructuras ecológicas esenciales para el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la generación de energía y la estabilidad de los ecosistemas.
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