


Desde el escenario de FITUR 2026, en Madrid, el abogado David San Andrés aseguró que la principal dificultad para una persona o empresa que desea establecerse en España es la apertura de una cuenta bancaria, un proceso que hoy enfrenta estrictos controles de cumplimiento y verificación. Explicó que tanto los emprendedores individuales como las compañías extranjeras, incluidas las dominicanas, se enfrentan a exigentes evaluaciones de riesgo y procedimientos de “conozca a su cliente” (KYC), que retrasan o incluso impiden la operatividad inicial de los negocios.
San Andrés indicó que las entidades financieras analizan con especial rigor la actividad económica que desarrollará la empresa, el origen de los fondos y el sector en el que operará, señalando que áreas como el inmobiliario, el golf o actividades de alto flujo de capital son observadas con lupa por posibles riesgos de lavado de activos.

Subrayó que muchas empresas creen cumplir correctamente con la normativa, pero al llegar a España descubren que el marco regulatorio es más complejo de lo previsto, lo que hace indispensable el acompañamiento legal desde el inicio.
En relación con las acusaciones que involucran a Julio Iglesias, el jurista evitó emitir juicios, pero destacó que en cualquier marco regulatorio debe prevalecer la debida diligencia.
En ese sentido, afirmó que ninguna persona, sin importar su nombre o relevancia, puede quedar al margen del cumplimiento de las normas migratorias y laborales, y que si un consulado otorga una visa tras conocer el propósito real del viaje, no debería existir una violación automática de la normativa, correspondiendo a las autoridades aclarar cualquier duda mediante auditorías.
Finalmente, San Andrés resaltó que FITUR no solo es una feria turística, sino también un espacio clave para la inversión y la expansión empresarial, donde cada vez más compañías dominicanas buscan establecerse en España. En ese contexto, insistió en que conocer y cumplir las normativas, especialmente en materia bancaria, fiscal, ambiental y de transparencia, es esencial para garantizar proyectos sostenibles y proteger tanto a los empresarios como a los usuarios finales.









