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La organización Amnistía Internacional alertó que Haití atraviesa una situación cada vez más compleja debido a la violencia ejercida por grupos armados, el agravamiento de las condiciones de vida de la población y una respuesta internacional que considera insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
En declaraciones ofrecidas a EFE, la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, afirmó que las pandillas continúan perpetrando asesinatos, agresiones sexuales y ataques contra infraestructuras esenciales como hospitales y centros educativos, generando un escenario de inseguridad generalizada.
De acuerdo con datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), durante los tres primeros meses del año al menos 1,642 personas perdieron la vida y 745 resultaron heridas. El organismo atribuye el 27 % de las víctimas a acciones de las pandillas, mientras que el 69 % estuvo relacionado con operativos de las fuerzas de seguridad, entre ellos casos que afectaron a civiles y menores de edad.
La crisis también se refleja en el ámbito humanitario, ya que alrededor de 5.8 millones de haitianos enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria, mientras que la cifra de desplazados internos alcanzó 1.4 millones de personas, el nivel más alto registrado hasta la fecha, según organismos internacionales.
Esta situación ocurre en un contexto donde las bandas armadas mantienen una fuerte presencia en amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, así como en otras regiones del país, limitando el acceso de la población a servicios básicos y aumentando la vulnerabilidad de miles de familias.
Piquer sostuvo que la destrucción de escuelas y centros de salud ha reducido significativamente la disponibilidad de servicios esenciales, generando una emergencia humanitaria que impacta especialmente a niños y adolescentes, muchos de los cuales han visto interrumpido su desarrollo y acceso a la educación.
La representante de Amnistía Internacional planteó la necesidad de implementar un plan nacional integral enfocado en la niñez, que contemple medidas de protección, acceso a la salud, educación, justicia y programas de rehabilitación para quienes lo requieran.
Asimismo, consideró que los esfuerzos internacionales no han logrado resolver la crisis y pidió mayor claridad sobre el funcionamiento de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada por Naciones Unidas en 2025 para sustituir a la anterior misión de apoyo a la seguridad.
En ese sentido, reclamó transparencia sobre los mecanismos de supervisión, las normas para el uso de la fuerza, la estructura de mando y los procedimientos de rendición de cuentas que regirán las operaciones de dicho cuerpo internacional.
La directiva insistió en que cualquier intervención debe garantizar el respeto de los derechos humanos y proteger a la población civil frente a posibles abusos durante los operativos de seguridad.
Por otro lado, Amnistía Internacional reiteró sus cuestionamientos al uso de drones armados por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y sus aliados en la lucha contra las bandas criminales, al considerar que estas acciones continúan representando riesgos para la población.
Según la organización, el empleo de estos dispositivos ha incorporado nuevas formas de violencia y podría estar provocando vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La entidad señaló que cerca de 70 personas fallecieron entre enero y marzo como consecuencia de ataques realizados con drones armados en territorio haitiano.
Finalmente, Piquer advirtió que algunas de estas acciones podrían constituir posibles ejecuciones extrajudiciales, por lo que insistió en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos. EFE
