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La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) anunció que se propone paralizar los servicios de salud a los afiliados de las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), una medida que impactaría directamente la atención en centros privados del país. La decisión final será discutida en una asamblea convocada para este miércoles 8 de julio.
El encuentro reunirá a representantes de clínicas privadas de todo el territorio nacional, donde se definirá qué aseguradoras serían afectadas y por cuánto tiempo se aplicaría la eventual suspensión de servicios. La organización advierte que la decisión podría tener un impacto significativo en el sistema de salud dominicano.
El presidente de ANDECLIP, el doctor Rafael Mena, afirmó que la asamblea tomará decisiones “trascendentales” que afectarían la operatividad del sistema, en medio de crecientes tensiones entre el sector clínico y las ARS.
ANDECLIP sostiene que el modelo actual de la Seguridad Social genera presiones económicas sobre clínicas y trabajadores del sector, mientras —según alegan— mantiene sin cambios los beneficios de grupos financieros vinculados al sistema de aseguramiento.
La entidad médica también reclama la indexación del 110% en los pagos, argumentando que ese es el nivel de inflación en el sector salud estimado por el Banco Central. Sin embargo, denuncian que desde la implementación de la ley las ARS solo han ajustado alrededor de un 25%, lo que consideran insuficiente para cubrir los costos operativos.
Estos costos incluyen pagos de personal médico, servicios, energía y seguridad social, lo que según el gremio ha agravado la situación financiera de las clínicas privadas.
El eventual paro de servicios anunciado por las clínicas privadas podría coincidir con otra jornada de protestas convocada por el Colegio Médico Dominicano, prevista para el martes 7 de julio, lo que podría generar un escenario de tensión en el sistema sanitario.
Los médicos han anunciado movilizaciones en rechazo a lo que consideran maltratos a dos profesionales en la provincia La Vega, en un caso vinculado a acusaciones de presunta mala práctica.
De concretarse ambas medidas, el sistema de salud privado enfrentaría una semana de alta presión operativa, con posibles afectaciones a miles de afiliados en todo el país.
