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El abogado Ángel Lokward, acusado de desfalco al Estado en la red operación Calamar y enviado a juicio de fondo este viernes por la jueza Altagracia Ramírez, aseguró este lunes en El Sol de la Mañana, que la magistrada se negó a evaluar las pruebas de descargo, dejándoselas al juez de fondo, señalando que algunas resoluciones dictadas durante el proceso son abiertamente injustas, por lo que podría constituir a la prevaricación.
En ese sentido, aclaró que la prevaricación es un delito que se configura cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley de manera consciente.
"En este hay varias resoluciones que son obviamente injustas, porque al juez no se le presume ignorancia, la ignorancia es inamisible en un juez. La cuestiones de hecho se irán a fondo, porque en todo caso ella lo que hizo fue negarse a evaluar las pruebas. Las pruebas de descargo estaban todas, pero ella lo que hizo fue negarse a evaluar las pruebas", aseguró el jurista en el programa radial.
El abogado explicó, que durante la audiencia oral la jueza no abordó la excepción de inconstitucionalidad respecto al informe de auditoría, documento central en la defensa. Según Lokward esto constituye una falla grave, pues el informe era nulo e inconstitucional y se utilizó como base para lo que considera un fraude procesal.
Además, indicó que la resolución fue entregada a la una de la mañana del sábado, por lo que aún no había podido analizarla en detalle junto a su equipo legal.
Lokward cuestionó la forma en que la jueza valoró los aplazamientos y las pruebas presentadas, considerando que se pasaron por alto elementos esenciales de descargo que podían afectar la resolución del juicio.
Señaló que la ignorancia de un juez no es admisible y que la falta de evaluación completa de las pruebas puede afectar gravemente el derecho a una defensa justa.
El abogado también enfatizó que la resolución contiene múltiples inconsistencias y omisiones respecto a hechos y pruebas documentales.
Mencionó que el expediente es amplio, con miles de páginas, muchas de las cuales carecían de relevancia, y criticó que la jueza las haya considerado como justificantes para avanzar en la acusación sin analizar su fondo.
Lokward reiteró que continuará revisando la resolución para determinar las vías legales que utilizará para impugnar la decisión. Advirtió que el proceso ha mostrado irregularidades que podrían constituir abuso de autoridad judicial y prevaricación, afectando la transparencia y la justicia en el caso.
El abogado recordó precedentes de casos similares, señalando que funcionarios sometidos por corrupción, como Freddy Hidalgo y Fernando Rosa, fueron finalmente absueltos pese a los procedimientos judiciales iniciales.
Destacó que estas situaciones reflejan un patrón de judicialización política en el país, según su perspectiva.
Según Loquard, el caso incluye imputaciones que no cuentan con pruebas contundentes, incluyendo alegaciones sobre supuestas firmas falsas y líneas de crédito no existentes. Afirmó que la instrucción judicial fue utilizada para prolongar la incertidumbre y dañar la reputación de los implicados.
El abogado subrayó que la decisión de la jueza impacta directamente en su derecho a una defensa completa y justa, y que su equipo está analizando todas las opciones legales para presentar recursos y defensas adicionales ante el tribunal de fondo.
Finalmente, Lokward enfatizó la importancia de que los jueces actúen con independencia y en estricto apego a la ley, recordando que cualquier resolución injusta puede ser objeto de revisión y que se deben respetar las garantías procesales de los acusados.
