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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, obtuvo este domingo la autorización del Congreso para recurrir a las Fuerzas Armadas con el objetivo de despejar las carreteras bloqueadas por manifestantes que desde hace más de un mes exigen su salida del poder.
La decisión fue aprobada por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión legislativa de 15 horas y luego de haber recibido previamente el visto bueno del Senado. Ahora, la normativa queda en manos del mandatario para su promulgación.
Las protestas, encabezadas por sectores como campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores, se desarrollan en distintas regiones del país en rechazo a la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia, considerada la más severa de las últimas cuatro décadas.
El Gobierno también evalúa decretar un estado de excepción, medida que permitiría ampliar el papel de los militares en tareas de seguridad y establecer restricciones temporales a derechos como la libre reunión y movilización.
Hasta el momento, los operativos para liberar algunas vías han estado liderados principalmente por unidades policiales antimotines, mientras que la participación militar se ha mantenido limitada.
Los bloqueos han generado serias dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, aunque también han afectado otras regiones del país.
Durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en la localidad de San Julián, en Santa Cruz, donde resultaron heridas varias personas, entre ellas agentes policiales y civiles.
La ley aprobada contempla, además, que los miembros de las fuerzas de seguridad que actúen durante un eventual estado de excepción cuenten con una presunción de legalidad en el ejercicio de sus funciones, además de respaldo jurídico por parte del Estado.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar el orden y restablecer la circulación en las carreteras, mientras que los sectores movilizados mantienen sus demandas y continúan exigiendo la renuncia del mandatario.
Paz ha reiterado su disposición al diálogo, aunque hasta el momento las principales organizaciones que lideran las protestas no han aceptado sentarse a negociar. Entretanto, persisten largas filas en las estaciones de servicio y continúan las dificultades para el suministro de combustible en distintas zonas del país.
