


La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) expresó este martes su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en San Juan, al considerar que la medida podría afectar la institucionalidad, la economía y la confianza de los inversionistas.
Defiende evaluación técnica
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que detener este proceso técnico no contribuye necesariamente a la protección del medioambiente, sino que limita el análisis riguroso que, según afirmó, debe realizarse para determinar la viabilidad de proyectos de alto impacto.
Camipe indicó que las decisiones relacionadas con este tipo de iniciativas deben sustentarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, cumplimiento legal y respeto al debido proceso, en coherencia con el Plan META 2036.
La organización también planteó que esta situación evidencia la necesidad de aprobar una nueva Ley de Minería que fortalezca la seguridad jurídica, la transparencia y la participación social, mediante reglas claras para el desarrollo del sector.
Plantea minería responsable
Camipe subrayó que el debate sobre la minería no debe presentarse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para consolidar un modelo de minería sostenible.
En ese sentido, la entidad sostuvo que dicho modelo debe estar sustentado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.
La Cámara Minera y Petrolera valoró además la disposición al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y puso a disposición su experiencia técnica para contribuir a un proceso que incluya a autoridades, especialistas, comunidades y sectores productivos.
Finalmente, Camipe reiteró que el país no debe elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, regulada y socialmente consensuada, para lo cual consideró necesaria una reforma normativa que modernice el marco legal vigente.








