Manuel Sierra afirma que MP cometió “error garrafal” al justificar duración del caso Jean Alain
El abogado Manuel Sierra afirmó este jueves que el Ministerio Público cometió un “error garrafal” al justificar la extensión del proceso judicial contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, bajo el argumento de la complejidad del expediente, y explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece tres criterios para analizar el plazo razonable cuando un proceso supera el tiempo legalmente establecido.
Durante su participación en El Sol de la Mañana, explicó que en caso de que el imputado haya torpedeado el proceso, el juez que conoce el caso debe emitir un auto o una resolución haciendo constar que el imputado boicoteó el proceso.
“El Ministerio Público en estos momentos no cuenta con una sola disposición de un juez que hay dicho que los imputados torpedearon el proceso”, aseguró el jurista, agregando que si el ente persecutor presenta alguna prueba se retira de ejercer el derecho en el país.
En ese sentido, sierra explicó que el Código Procesal Penal dominicano establece que los procesos tienen una duración máxima de cuatro años cuando son declarados complejos, período en el que debe producirse una sentencia con autoridad de cosa definitivamente juzgada.
El abogado sostuvo que, una vez superado ese límite, corresponde determinar cuál de las partes provocó que el proceso se extendiera, y para ello deben aplicarse los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los tres criterios para evaluar el plazo razonable
Sierra explicó que la Corte Interamericana establece tres elementos fundamentales para determinar si una demora procesal puede considerarse justificada: la complejidad del proceso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades.
El primer criterio corresponde a la complejidad del expediente. Sobre este punto, Sierra afirmó que el Ministerio Público incurrió en un error al sostener que la sola declaración de complejidad del caso era suficiente para justificar la extensión del proceso.
Según explicó, debe analizarse qué elementos hicieron complejo el expediente y quién generó esa complejidad, al señalar que el Ministerio Público presentó una acusación de más de 12,275 páginas, con más de 350 testigos y alrededor de 4,000 pruebas.
Cuestiona que la complejidad sea atribuida a los imputados
El abogado sostuvo que el Ministerio Público no puede atribuir a los imputados las consecuencias derivadas del tamaño del expediente que presentó la propia acusación, y recordó que el órgano acusador había afirmado inicialmente que contaba con un caso “blindado” y con todas las pruebas.
Sierra indicó que, tras solicitar la declaratoria de complejidad del proceso, el Ministerio Público recibió 18 meses adicionales para completar la investigación y posteriormente una prórroga de cuatro meses, acumulando 22 meses adicionales para obtener elementos que, según afirmó, estaban en archivos institucionales.
Conducta de los imputados y actuación de las autoridades
Como segundo criterio, Sierra explicó que debe evaluarse la actividad procesal de los imputados, es decir, si estos realizaron acciones destinadas a retrasar el proceso. En ese sentido, afirmó que no existe una decisión judicial que establezca que los imputados hayan retrasado deliberadamente el proceso.
El tercer elemento corresponde a la conducta de las autoridades. Sobre este punto, cuestionó el manejo del proceso por parte del Ministerio Público y afirmó que los jueces deben valorar si los retrasos fueron provocados por actuaciones del órgano acusador.
Sierra también citó criterios del Tribunal Constitucional sobre los plazos procesales, al señalar que cuando el legislador establece un período determinado, este debe entenderse como el plazo razonable del proceso, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
Señala que expediente de más de 12 mil páginas generó la demora
El abogado insistió en que el volumen del expediente fue un factor determinante en la duración del proceso y cuestionó que los imputados fueran responsabilizados por una acusación que, según explicó, fue estructurada por el propio Ministerio Público.
“El Ministerio Público creó su propio proceso y ahora pretende que los jueces lo amparen con un discurso de que fueron los imputados quienes generaron las dificultades”, afirmó Sierra durante su intervención.
El caso contra Jean Alain Rodríguez permanece bajo análisis judicial luego de que la defensa solicitara la extinción de la acción penal alegando el vencimiento de los plazos procesales.
