Hombre denuncia supuesto hostigamiento por pensión alimentaria y abogada de su expareja asegura que actúan por la vía legal

Un conflicto judicial por el pago de una pensión alimentaria enfrenta a Rafael Tomás Vargas (Rafi Ernesto) y su expareja Patricia Lara, luego de que el primero denunciara públicamente un supuesto hostigamiento y persecución en su contra, mientras que la representación legal de la señora sostiene que las acciones realizadas corresponden al cumplimiento de decisiones emitidas por los tribunales.

Rafi Ernesto Mejía Vargas, quien habló con un equipo de RCC Noticias, luego de ser entrevistado este martes en el programa "Juego Damas", afirmó mostrando sus facturas que cumple con el pago mensual de la manutención de su hijo y aseguró que cuenta con recibos bancarios que, según dijo, demostrarían sus depósitos realizados durante varios años.

“Yo no le debo un peso. Tengo todos los recibos a mano, todos los del BHD. Cerca de 65 o 66 recibos, todos están aquí”, expresó durante una entrevista.

El hombre sostuvo que se siente afectado por múltiples requerimientos judiciales y diligencias en su contra, alegando que esta situación le ha impedido trabajar con normalidad.

“Estoy cansado ya de que me persiga, de que me hostigue, de vivir bajo presión, vivir escondido en pocas palabras sin poder trabajar”, manifestó.

Según su versión, las autoridades lo han requerido por un supuesto incumplimiento de la pensión alimentaria, pese a que afirma haber realizado los pagos correspondientes.

Abogada de la expareja niega persecución y dice que se ejecutan decisiones judiciales

La abogada Anny Guzmán, representante legal de Patricia Lara, rechazó que exista una persecución contra Rafi Ernesto y explicó que los actos realizados forman parte de procedimientos legales para hacer cumplir una sentencia.

“Cuando una persona intima a otra mediante un acto de alguacil, esto no es un acto de persecución, sino de ejecución de una ordenanza, de una sentencia o una resolución”, afirmó la jurista.

Guzmán sostuvo que su cliente no ha realizado acciones personales contra el señor Vargas y afirmó que los requerimientos se han hecho mediante los mecanismos establecidos por la ley.

“Él no ha podido mostrar un solo video de ella persiguiéndolo, una sola llamada, un solo audio, una sola foto, nada de ella persiguiéndolo a él”, indicó.

Diferencias por el pago de la pensión

La abogada explicó que existe una pensión fijada judicialmente en RD$20,000 mensuales y aseguró que el conflicto surge porque, según su versión, habría meses pendientes de pago.

Guzmán indicó que la defensa de Lara sostiene que Vargas realizó pagos correspondientes a otros meses, pero que existía una deuda previa.

“Él debía el mes de junio. Y sin pagar el mes de junio, mandó un comprobante con el mes de julio y luego el mes de agosto”, explicó.

Sobre el argumento de Vargas de que no correspondía pagar un mes en el que tuvo al niño bajo su cuidado, la jurista señaló que una pensión alimentaria debe pagarse conforme a lo establecido por el tribunal.

“Cuando un juez dispone una pensión de alimentos, eso se tiene que pagar mes por mes indistintamente de si se han pasado las vacaciones o no”, sostuvo.

Rafi denuncia impacto personal y familiar

Vargas afirmó que la situación ha tenido consecuencias en su vida personal y laboral, y cuestionó que se le presente como una persona incumplidora.

También pidió que se revise el caso y que se detengan las acciones que considera excesivas contra él y su familia.

• “Yo pido que el señor Félix Portes investigue bien la historia y que se nutra, que por favor no siga arremetiendo contra mí y contra mi familia”, expresó.

Defensa legal asegura que se han respetado los procedimientos

La abogada Guzmán rechazó las acusaciones de abuso de poder y afirmó que su bufete únicamente ha actuado conforme a las herramientas legales disponibles.

“Eso no tiene nada que ver con abuso de poder, tiene que ver con una ejecución de una sentencia”, manifestó.

• Asimismo, indicó que las órdenes de arresto emitidas en el proceso fueron autorizadas por las autoridades correspondientes y que la ejecución de estas corresponde a los organismos policiales, no a los abogados de la parte demandante.

El caso continúa generando posiciones encontradas entre ambas partes, mientras cada lado sostiene versiones distintas sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y las actuaciones judiciales realizadas.