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La Confederación Patronal de la República Dominicana expresó este lunes su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya incluido en su informe final varias de las propuestas presentadas por el sector empresarial para modernizar el Código de Trabajo y reducir las cargas económicas que afectan a las empresas dominicanas.
La presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, sostuvo que la reforma laboral debe convertirse en una herramienta que impulse la creación de empleos formales, fortalezca la competitividad nacional y garantice la sostenibilidad de las empresas, especialmente en un contexto económico marcado por múltiples desafíos para el sector productivo.
La dirigente empresarial aseguró que actualmente existen disposiciones dentro del Código de Trabajo que representan una carga considerable para muchas compañías, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, por lo que consideró necesario introducir cambios estructurales que permitan equilibrar la protección de los trabajadores con la viabilidad financiera de los empleadores.
Entre las propuestas planteadas por la entidad empresarial figura la necesidad de establecer límites al astreinte contemplado en el artículo 86 del Código de Trabajo. Según explicó Peña Izquierdo, la organización propone fijar un tope máximo de seis meses a estas sanciones económicas para evitar que las multas acumulativas afecten seriamente la solvencia de las empresas.
Asimismo, Copardom sugirió realizar una revisión profunda al método utilizado para calcular la cesantía, planteando que este beneficio sea determinado sobre la base del salario promedio. A juicio del gremio patronal, esta modificación permitiría mayor previsibilidad en los costos relacionados con la terminación de contratos laborales y contribuiría a mejorar la estabilidad financiera de las organizaciones.
La entidad también solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, medida que consideran necesaria para reflejar de forma más transparente las obligaciones económicas que asumen las empresas frente a sus trabajadores.
Como parte de las recomendaciones entregadas al Congreso Nacional, Copardom propuso además ampliar el período de prueba laboral de tres a seis meses, argumentando que esta práctica ya se aplica en otros países de la región y facilita una mejor evaluación, capacitación y adaptación del personal antes de consolidar una contratación definitiva.
La organización empresarial reiteró su disposición al diálogo y consideró que la discusión sobre la reforma laboral representa una oportunidad histórica para actualizar el marco jurídico dominicano conforme a las necesidades económicas y productivas actuales.
Peña Izquierdo afirmó que el sector empleador no busca eliminar derechos adquiridos por los trabajadores, sino adaptar la legislación laboral a las exigencias del siglo XXI, permitiendo un equilibrio entre la protección de los empleados y la sostenibilidad económica de quienes generan puestos de trabajo en el país.
La presidenta de Copardom manifestó además su confianza en que los legisladores tomarán en cuenta las inquietudes planteadas por los distintos sectores productivos y que el informe final reflejará consensos orientados a fortalecer el sistema laboral dominicano y preservar la competitividad nacional.
