La Cámara de Diputados aprobó suspender por diez años nuevas licencias de bancas de apuestas

La cifra que motiva la medida asusta: más de 71,000 establecimientos con registro oficial, y los estimados hablan de cerca de 100,000 ilegales adicionales. El desorden desbordó la capacidad del Estado y el Fisco deja de percibir cientos de millones de pesos.

Pero hay un detalle incómodo. Según investigaciones basadas en declaraciones juradas, ocho legisladores —siete diputados y un senador, cuatro de mi partido el PRM, tres de Fuerza del Pueblo y uno del PLD— tienen vínculos declarados con consorcios de bancas. Seis aparecen como invitados en la reunión final de la Comisión Especial que dictaminó favorablemente el proyecto.

La pregunta es elemental: ¿pueden legislar sobre un sector donde son parte interesada? La pieza incluyó, además, una amnistía fiscal con descuentos sustanciales sobre deudas acumuladas hasta diciembre de 2025.

Contrasta ese vigor con la parálisis frente a la Ley 169-14. Doce años después de la sentencia 168-13, entre 43,000 y más de 100,000 personas del Grupo B siguen sin documentación, y miles del Grupo A (un 93% de ellos aprobados no han recibido cédula ni acta.

Ese vacío empobrece familias, distorsiona la economía y regala argumentos a los vividores de conflictos innecesarios con la comunidad internacional. Los legisladores no están para legislar a favor de sí mismos. Están para resolver los problemas que producen estrés al país. Ese es el mandato.