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El abogado Eduardo Núñez afirmó este martes en El Sol de la Mañana que el sistema de justicia dominicano no colapsa por la falta de acuerdos penales, como ha planteado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino por la forma y la intención con la que se construyen muchos procesos judiciales.
Núñez fue enfático al señalar que ningún sistema de justicia en el mundo colapsa por ausencia de acuerdos, sino cuando los expedientes se elaboran con miles de páginas, exceso de pruebas y estructuras que no responden a una correcta formulación penal.
Respondiendo a los pronunciamientos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien advirtió que el sistema judicial dominicano está colapsado por la cantidad de juicios de fondo, explicó, porqué la justicia se encuentra en debacle.
“El sistema colapsa cuando tú haces un caso de 12 mil o 13 mil páginas, con miles de pruebas, pero no estás haciendo derecho penal”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que cuando los casos se construyen sobre motivaciones personales, políticas o con fines ajenos al diseño procesal penal, los tribunales inevitablemente encuentran anomalías al momento de evaluarlos.
Según indicó, el Código Procesal Penal no está diseñado para que un juez pueda estudiar expedientes desproporcionados que dificultan la valoración real de la prueba.
El jurista reconoció como positivo el planteamiento de que los acuerdos pueden ayudar a descongestionar el sistema judicial.
Aclaró que un acuerdo no significa impunidad ni inocencia, sino que puede generar los mismos resultados que un juicio: condena y resarcimiento del daño, pero en menor tiempo.
“Mediante un acuerdo es posible conseguir condena y devolución del dinero en una fracción del tiempo que toma un juicio”, explicó.
Sin embargo, advirtió que esos acuerdos deben realizarse bajo las mismas garantías y exigencias que un juicio formal.
Núñez cuestionó la manera en que se han estado aplicando los llamados criterios de oportunidad desde 2020.
Aseguró que en muchos casos los acuerdos se presentan ante jueces de instrucción que, según su interpretación, no tienen competencia para autorizar sentencias de fondo, sino que solo pueden emitir resoluciones.
También criticó que en ocasiones estos acuerdos se homologan sin el debido contradictorio y sin la participación plena de las partes, lo que —a su juicio— vulnera el derecho de defensa.
“El código habla de autorización judicial mediante sentencia, no de homologación automática”, puntualizó.
El abogado sostuvo que el verdadero problema radica en la construcción de acusaciones excesivamente voluminosas, con miles de pruebas irrelevantes y narrativas extensas que no se enfocan en la formulación precisa del hecho punible.
Explicó que un caso penal debe concentrarse en hechos concretos: fecha, lugar, acción, consecuencia y prueba directa.
“Nadie va preso por ser narcotraficante; va preso por un hecho concreto en una fecha determinada”, ejemplificó.
Para Núñez, la solución pasa por exigir formulaciones precisas de cargos y un mayor control judicial sobre la admisibilidad y estructura de las acusaciones.
Durante la entrevista también se debatió el rol de los jueces en el control de estos expedientes. Núñez indicó que los jueces son llamados a ejercer ese control, pero reconoció que existen presiones mediáticas y contextuales que pueden influir en la dinámica procesal.
Aún así, expresó optimismo en que el sistema pueda corregir sus distorsiones si se aplican con rigor las normas procesales existentes.
Para Eduardo Núñez el colapso del sistema judicial dominicano no se debe a la falta de acuerdos, sino a expedientes construidos de manera desproporcionada y con desviaciones del diseño técnico del derecho penal, lo que termina generando retrasos, nulidades y congestión en los tribunales.
