


El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia estadounidense ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y señala a Castro, quien entonces fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, como responsable de ordenar el derribo de las aeronaves en las que murieron cuatro aviadores vinculados a la organización de exiliados cubanos.
De acuerdo con la acusación federal, el incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate, grupo que auxiliaba a balseros cubanos en el estrecho de Florida.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, además de Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el ataque ocurrió en aguas internacionales, versión respaldada previamente por organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La acusación incluye además a varios altos mandos militares cubanos presuntamente involucrados en la operación aérea, entre ellos Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, ofreció detalles del caso en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo histórico del exilio cubano en Florida.
La imputación contra Raúl Castro ocurre en medio del endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia Cuba y representa una nueva escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países.
En los últimos meses Washington ha reforzado sanciones económicas contra La Habana y aumentado la presión política sobre el gobierno cubano.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado cómo ejecutarían una eventual captura del exmandatario cubano, de 94 años, quien continúa residiendo en Cuba.









