EE. UU. reduce de 30 a 10 días el plazo para que refugiados defiendan su estatus
El Gobierno de Estados Unidos reducirá de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para presentar pruebas y argumentos frente a una decisión de las autoridades de retirarles esa protección, según informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La nueva normativa acorta el tiempo disponible para responder a una notificación oficial sobre la intención de revocar el estatus de refugiado. El DHS justificó la medida alegando que busca “restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude”.
De acuerdo con la legislación estadounidense, el Gobierno solo puede retirar el estatus de refugiado si determina que la persona no reunía los requisitos para recibir esa protección cuando fue admitida en el país.
Si las autoridades consideran que las pruebas y los argumentos presentados no justifican mantener el estatus, pueden revocarlo e iniciar un proceso de deportación.
Organizaciones advierten sobre posibles deportaciones
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP), dedicada a la defensa legal de refugiados e inmigrantes, rechazó los cambios y advirtió que la reducción del plazo podría facilitar deportaciones masivas.
En un comunicado, la entidad denunció que, desde principios de este año, la Administración del presidente Donald Trump ha intensificado las medidas contra personas refugiadas y ha detenido, según sostiene, de manera ilegal a algunas que cuentan con ese estatus.
IRAP también ha presentado demandas contra el Gobierno estadounidense por la detención y los intentos de deportación de refugiados procedentes de países como Ruanda, Irak y Afganistán.
Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de la organización en Estados Unidos, cuestionó el tiempo concedido para responder a las notificaciones de revocación.
La funcionaria afirmó que el plazo reducido convierte el procedimiento en una “mera formalidad” para retirar la protección a personas admitidas legalmente en el país y deportarlas a lugares donde podrían enfrentar persecución u otros peligros.
Cambios en la política migratoria
La modificación se produce en medio de la campaña de deportaciones impulsada por la Administración Trump, que también ha afectado a personas con autorización legal para permanecer en Estados Unidos.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno figuran la eliminación de protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de varios países, la cancelación de programas de permiso humanitario y el impulso de procedimientos para rechazar determinadas solicitudes de asilo sin una audiencia completa.
Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), durante el primer año del segundo mandato de Trump, alrededor de 1.6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal.
Un proceso que puede durar años
La obtención del estatus de refugiado en Estados Unidos puede prolongarse durante años e incluye diferentes mecanismos de remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés), entre ellos referencias de las Naciones Unidas, embajadas estadounidenses u organizaciones no gubernamentales.
Los solicitantes también deben someterse a entrevistas y controles de seguridad que incluyen la verificación de antecedentes por parte de distintas agencias federales.
Con la nueva normativa, quienes reciban una notificación de intención de revocación dispondrán de un período más corto para presentar sus argumentos antes de que las autoridades decidan si mantienen o retiran su protección.
