Fin del TPS para cuatro países impacta a más de 500,000 migrantes en Estados Unidos
La decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela tendrá consecuencias para más de 500,000 migrantes que permanecen en Estados Unidos bajo este mecanismo de protección.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, quien durante su campaña presidencial prometió una reforma orientada a reducir la permanencia de extranjeros beneficiados por programas de protección temporal. La decisión avanzó después de una disputa judicial que terminó con un fallo favorable al Gobierno ante la Corte Suprema.
Un mecanismo creado para situaciones excepcionales
El TPS fue establecido en 1990 como una protección para ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales, epidemias u otras circunstancias extraordinarias. El programa permite trabajar legalmente y ofrece protección frente a una eventual deportación, pero no concede residencia permanente ni ciudadanía.
El Salvador, beneficiado desde 1991, y Honduras, desde 1998, se encuentran entre los casos más representativos de la aplicación del programa. Una vez que finaliza el TPS, quienes no cuentan con otro estatus migratorio pueden quedar expuestos a procesos de deportación.
La decisión tendrá efectos distintos según la situación de cada país. En Haití, donde persiste una grave crisis de seguridad y gobernabilidad, se calcula que cerca de 300,000 ciudadanos se encuentran bajo esta protección en Estados Unidos.
En Honduras, el Gobierno de Tito Asfura prepara mecanismos para facilitar el retorno de miles de compatriotas. El mandatario ha dialogado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el propósito de establecer un proceso que permita una transición ordenada.
“Debemos ser respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados Unidos. Nuestro compromiso como gobierno es trabajar de la mano con las autoridades estadounidenses por la vía diplomática para garantizar una transición ordenada, digna y humanitaria para nuestros compatriotas, asegurando que las familias no sean separadas y que puedan retornar con sus bienes”, sostuvo Asfura.
Incertidumbre para venezolanos y nicaragüenses
El escenario también es complejo para los venezolanos. Las estimaciones citadas por la administración republicana sitúan en unos 300,000 los beneficiarios venezolanos del TPS, muchos de ellos personas que abandonaron su país debido a la situación política y económica.
En el caso de Nicaragua, la finalización del programa afecta a unos 5,000 ciudadanos que permanecen en Estados Unidos. La situación genera incertidumbre ante la posibilidad de que sean enviados de regreso a Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La eliminación del TPS para estas cuatro nacionalidades afecta a una población superior a medio millón de personas y se produce mientras la administración Trump busca acelerar su agenda migratoria antes de las elecciones legislativas de medio término, previstas para el próximo 3 de noviembre.
El Gobierno estadounidense sostiene una política orientada a reducir los mecanismos de permanencia temporal y aumentar los procesos de retorno de extranjeros que ya no cuentan con protección migratoria vigente.
