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El gerente de la firma encuestadora News Partner, Jonathan Cabrera, aseguró este lunes que las empresas encuestadoras no deben ser responsabilizadas por el debate político generado alrededor de los estudios de opinión pública, al reaccionar a la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas políticas fuera de los períodos oficiales de campaña y precampaña.
Durante una llamada telefónica en El Sol de la Mañana, Cabrera sostuvo que la medida limita el ejercicio de herramientas científicas utilizadas para medir la percepción ciudadana sobre distintos temas sociales, económicos y políticos.
El analista explicó que existe una diferencia técnica entre una encuesta y los llamados barómetros de opinión pública.
Según indicó, la encuesta constituye únicamente un instrumento metodológico, mientras que los barómetros permiten medir variables sociales, económicas y políticas más amplias relacionadas con la percepción ciudadana.
“Cuando tú llamas encuesta a todo, como lo tiene la Junta Central, limita el ejercicio inclusive de estos instrumentos”, expresó Cabrera.
Indicó además que muchos estudios difundidos por medios de comunicación realmente corresponden a barómetros y no exclusivamente a encuestas electorales.
Jonathan Cabrera consideró que la resolución de la Junta Central Electoral representa una limitación a la libre empresa y al derecho de asociación comercial entre firmas encuestadoras y medios de comunicación.
“El reglamento simplemente es limitativo de la libre empresa”, afirmó durante la entrevista.
Asimismo, señaló que las empresas encuestadoras trabajan por contratación de partidos políticos, candidatos, medios o asesores y entregan resultados sustentados en metodologías técnicas y bases de datos verificables.
“Las empresas encuestadoras no son las malas de la película”, expresó.
El gerente de News Partner sostuvo que, en lugar de prohibir publicaciones, la JCE debería fortalecer los mecanismos de supervisión y debida diligencia sobre las firmas registradas.
Planteó que el organismo electoral debe verificar la experiencia técnica, estructura profesional y capacidad metodológica de las empresas que realizan estudios políticos.
También recordó que en procesos anteriores las encuestas publicadas eran remitidas a la Dirección Electoral junto a información sobre los responsables y financistas de cada estudio.
Cabrera opinó además que la resolución constituye una extralimitación jurídica y sostuvo que debió ser consultada previamente con especialistas del área estadística y social.
“Esto fue hecho por abogados definitivamente, no se hicieron las consultas debidas”, manifestó.
Finalmente, insistió en que los estudios de opinión pública representan herramientas útiles para medir el comportamiento social y evaluar políticas públicas dentro de una democracia.
