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SANTO DOMINGO.- La titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Kenia Lora Abreu, advirtió este miércoles que la propuesta de modificación del artículo 141 del Código Penal representaría un serio retroceso en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, al reducir de manera significativa el tiempo disponible para denunciar estos delitos.
Tras analizar el proyecto de ley que modifica la Ley número 74-25, actualmente en conocimiento del Congreso Nacional, la Comisión concluyó que la eliminación del régimen especial de prescripción para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad limitaría el acceso de las víctimas a la justicia y favorece escenarios de impunidad.
“Estamos hablando del tiempo que tendrá una víctima para acudir a la justicia. Esa diferencia puede significar justicia o impunidad”, afirmó Kenia Lora.
La dirigente explicó que la legislación vigente reconoce una realidad ampliamente documentada: muchas víctimas de abuso sexual infantil tardan años, e incluso décadas, en denunciar a sus agresores debido al miedo, la manipulación, la dependencia emocional, las amenazas o las profundas secuelas psicológicas derivadas del abuso.
Por esa razón, el Código Penal establece actualmente que el plazo para perseguir penalmente estos delitos comienza a contarse cuando la víctima alcanza la mayoría de edad y se extiende durante treinta años.
Sin embargo, la propuesta legislativa elimina esa protección especial y dispone que la prescripción se compute conforme a la regla general, es decir, desde la fecha en que ocurrió el hecho.
“Si un niño o una niña es víctima de abuso sexual a los cinco años de edad, la legislación vigente le permite presentar una denuncia hasta los 48 años. Con la modificación propuesta, ese derecho vencería a los 25 años. En términos prácticos, perdería 23 años para buscar justicia”, explicó la presidenta de la Comisión.
Kenia Lora sostuvo que reducir ese plazo desconoce la realidad que viven miles de víctimas de abuso sexual infantil.
“Las víctimas muchas veces necesitan años para romper el silencio. La ley debe comprender esa realidad y ampliar las garantías para acceder a la justicia, no restringirlas”, expresó.
Kenia Lora recordó que numerosos países han fortalecido sus legislaciones ampliando los plazos de prescripción para estos delitos e, incluso, declarando su imprescriptibilidad, precisamente por las características particulares que rodean los abusos sexuales cometidos contra menores de edad.
“Cuando la víctima es un niño o una niña, el paso del tiempo suele favorecer al agresor y no a quien sufrió el abuso. El Estado tiene la obligación de garantizar que las víctimas puedan acudir a la justicia cuando finalmente estén en condiciones de hacerlo”, agregó.
Además de la modificación al artículo 141, la Comisión manifestó preocupación por los cambios propuestos al artículo 122 del Código Penal sobre hostigamiento, al entender que eliminan la condición de niño, niña o adolescente como agravante autónoma y reducen sanciones en determinados supuestos, lo que también podría debilitar el marco de protección de la niñez.
Ante ese escenario, la Comisión de Niñez y Adolescencia del PLD exhortó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a revisar cuidadosamente las modificaciones planteadas antes de la aprobación definitiva del proyecto.
Asimismo, propuso mantener el régimen especial de prescripción actualmente vigente para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y abrir un proceso de consulta con especialistas en niñez, derechos humanos, sistema de justicia y protección de víctimas.
“Este es un tema que debe unir a toda la sociedad dominicana. La protección de nuestros niños y el acceso efectivo a la justicia no admite retrocesos”, concluyó Kenia Lora.
La Comisión de Niñez y Adolescencia del Partido de la Liberación Dominicana reiteró su compromiso con la defensa integral de los derechos de la infancia y llamó a la sociedad dominicana a dar seguimiento al proceso legislativo, convencida de que toda reforma penal debe fortalecer las garantías de las víctimas y nunca debilitarlas.
