Gestión de Luis Henry Molina en la SCJ redujo atraso judicial y logra transformación tecnológica
La gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estuvo enfocada en reducir el atraso judicial, modernizar los servicios mediante herramientas tecnológicas y fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial con reformas orientadas a agilizar los procesos.
Al asumir la presidencia de la SCJ en 2019, el máximo tribunal acumulaba 18,357 expedientes pendientes, incluidos recursos de casación que permanecían sin resolver desde 1982. Para enfrentar esa situación, la institución puso en marcha un plan de reorganización administrativa y fijó metas de productividad que permitieron incrementar el número de casos resueltos.
Como resultado, en 2021 la Suprema Corte resolvió 11,637 expedientes, superando por primera vez la cantidad de nuevos casos recibidos. Posteriormente, al cierre de 2022, informó que había eliminado los expedientes ingresados antes de 2019, mientras que en noviembre de 2024 anunció que también quedaron resueltos los casos pendientes anteriores a 2023. Entre junio de 2019 y noviembre de 2024, el tribunal reportó la solución de 47,986 procesos.
Otro de los principales cambios fue la entrada en vigencia de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que sustituyó la normativa de 1953 e introdujo nuevas reglas para agilizar el conocimiento de los expedientes. De acuerdo con el Poder Judicial, la reforma redujo el tiempo promedio de tramitación de 639 a 131 días, además de disminuir significativamente los plazos para asignar los casos a las distintas salas de la Suprema Corte.
La administración también impulsó la digitalización de los servicios judiciales. Tras la pandemia del COVID-19 se implementaron audiencias virtuales, firma electrónica y expedientes digitales, proceso que posteriormente quedó respaldado por la Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial. Asimismo, se desarrollaron plataformas como JURITECA, con acceso a miles de decisiones judiciales, y el portal justicia.gob.do, destinado a facilitar trámites y consultas en línea.
Durante este período también se fortalecieron los mecanismos de protección para víctimas y testigos vulnerables mediante la ampliación de los Centros de Entrevistas Forenses y el uso de cámaras Gesell, además de aprobarse un reglamento para el escalafón judicial con criterios de mérito, experiencia y evaluación del desempeño para ascensos y designaciones.
La gestión estuvo acompañada de debates sobre la implementación de la virtualidad judicial y cuestionamientos relacionados con la independencia del sistema. No obstante, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró positivamente los avances en modernización, la reducción del atraso judicial y el fortalecimiento de la carrera judicial, aunque planteó la necesidad de revisar el modelo de evaluación de los jueces de la Suprema Corte.
