Martínez Pozo presenta reporte de Dintel y reafirma denuncia sobre fraude con productos sin registro sanitario
El comunicador respondió al economista Andrés Dauhajre Hijo, quien cuestionó las evidencias y advirtió sobre el impacto reputacional de las acusaciones contra empresas.
El comentarista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, retomó este lunes la denuncia que formuló el pasado viernes 21 sobre un presunto esquema de comercialización en República Dominicana de mercancías que habrían ingresado bajo el régimen de tránsito internacional con supuesto destino hacia Haití, presentando esta vez documentos que, afirmó, forman parte de las investigaciones realizadas sobre el caso.
Durante su intervención, Martínez Pozo mostró y leyó fragmentos de un documento identificado como “Reporte de Inteligencia”, fechado en Santo Domingo el 4 de agosto de 2026 y marcado como confidencial, cuyo encabezado describe el caso como “productos reempacados, reetiquetados, distribuidos y comercializados, sin registro sanitario”.
El documento señala que el caso se encuentra “en fase de desarrollo” y se refiere a productos de consumo masivo, entre ellos galletas y pastas alimenticias, que presuntamente serían reempacados, reetiquetados, distribuidos y comercializados en el territorio nacional sin registro sanitario, en violación de la Ley General de Salud 42-01.
Según el reporte presentado, agentes de la Dirección de Área de Operaciones de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional se trasladaron, por segunda ocasión, a diferentes supermercados del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde efectuaron compras con la finalidad de obtener muestras para profundizar la investigación.
Compras en establecimientos
Entre los resultados consignados en el documento figura una visita a La Sirena, específicamente a la sucursal ubicada en la avenida Lope de Vega esquina Gustavo Mejía Ricart, donde se indica que fueron adquiridas galletas Wala y sopas Kinsu.
El reporte menciona igualmente al Multicentro Churchill, en la avenida Winston Churchill, donde los investigadores habrían adquirido los mismos productos: galletas Wala y sopas Kinsu.
En el caso del supermercado Olé de la avenida Independencia, el documento enumera entre los artículos adquiridos Olé Espagueti, Olé Penne, Olé Harina de Trigo, Olé Galletas María, Rosa Linda Macaroni, Rosa Linda Fideos, galletas Aahaa y sopa instantánea Kinsu.
Las imágenes suministradas del informe contienen además fotografías de los establecimientos y sus ubicaciones georreferenciadas, así como una página en la que aparece la imagen de una factura.
Martínez Pozo hizo énfasis precisamente en esas compras para responder a quienes han puesto en duda los señalamientos realizados durante el programa.
“Compraron los productos, Andy, compraron los productos en esos lugares y ahí está la factura de la compra”, expresó el comunicador al referirse al economista Andrés Dauhajre Hijo.
La inclusión de los establecimientos en el reporte no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad de las cadenas comerciales. El documento presentado plantea que los productos fueron adquiridos allí como muestras dentro de una investigación en desarrollo.
Respuesta al artículo de Andy Dauhajre
La nueva intervención de Martínez Pozo se produjo luego de que el economista Andrés Dauhajre Hijo publicara este lunes en el periódico elCaribe el artículo “No tenemos ningún tipo de evidencia…”, dedicado a examinar las denuncias formuladas en El Sol de la Mañana.
Dauhajre parte de declaraciones de Circe Almánzar sobre la falta de trazabilidad necesaria para demostrar que las mercancías que ingresan en tránsito hacia Haití sean exactamente las mismas que posteriormente aparecen en supermercados dominicanos.
El economista señala que, si mercancías acogidas al régimen de tránsito terminaran vendiéndose en República Dominicana sin cumplir las obligaciones fiscales correspondientes, se configuraría una evasión o fraude fiscal. Sin embargo, cuestiona las evidencias y estimaciones utilizadas para sustentar la denuncia de un supuesto fraude superior a US$1,000 millones.
Dauhajre también advierte en su artículo que, de no demostrarse las acusaciones, las empresas afectadas podrían alegar un serio daño reputacional e incluso emprender acciones legales. Asimismo, cuestiona lo que denomina “estudios confidenciales” que hasta ese momento no habían sido presentados públicamente.
Martínez Pozo respondió de manera directa a esa advertencia y sostuvo que no corresponde al comunicador proteger la reputación de las compañías mencionadas.
“Mi querido amigo Andy, el que debe cuidar la reputación de esas empresas no soy yo. Los que deben cuidar su reputación son ellos”, manifestó.
Posteriormente agregó: “Yo no soy responsable, Andy, de que alguna gente incurra en distorsión de la actividad empresarial”.
El comentarista fue más lejos al calificar como “delincuencial” la conducta que denuncia.
“Eso no es una actividad empresarial, es una actividad delincuencial”, afirmó, antes de sostener que esa sería, según su planteamiento, la naturaleza de lo que ocurre con mercancías que oficialmente aparecen en tránsito hacia Haití pero presuntamente permanecen en el mercado dominicano.
“El que tiene que cuidar su reputación es el que se la ha ganado”, reiteró Martínez Pozo hacia el cierre de su comentario.
Cuestiona trazabilidad de miles de operaciones
Otro dato presentado por Martínez Pozo indica que apenas el 14.8 % de 5,483 traslados de tránsito examinados mencionaría algún consignatario.
“Solamente el 14.8 % tiene consignatarios”, sostuvo el comunicador, quien interpretó ese dato como un elemento que justificaría investigar con mayor profundidad el destino efectivo de las mercancías.
La cifra implica que aproximadamente el 85.2 % de esas operaciones no incluiría consignatario, conforme a los datos citados por Martínez Pozo. Este porcentaje se obtiene restando 14.8 % de 100 %.
No obstante, Dauhajre presenta cifras diferentes en su artículo para cuestionar parte de los argumentos formulados alrededor del tránsito hacia Haití. Citando estadísticas de la Dirección General de Aduanas, asegura que en 2025 se registraron 3,257 contenedores en tránsito hacia el vecino país y sostiene que las exportaciones dominicanas hacia Haití crecieron 22 % entre 2021 y 2025.
Carta vinculada a investigación del MP
Martínez Pozo también leyó una comunicación que atribuyó a la Procuraduría Especializada para la Salud, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
De acuerdo con el contenido leído, la comunicación está dirigida a Marcos Miguel Balaguer-Jerez, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), y solicita una certificación para establecer si Wilichi Dominicana SRL cuenta con autorización para la importación, comercialización y distribución local de productos destinados al consumo humano, entre ellos galletas y pastas alimenticias.
La solicitud también procura determinar si existen los correspondientes registros sanitarios e industriales y pide realizar análisis de laboratorio a los productos para verificar si son aptos para el consumo humano conforme a la Ley 42-01.
“Esta información es de suma importancia para una investigación que está llevando esta Procuraduría Especializada de Salud”, señala la comunicación según la lectura realizada por Martínez Pozo.
La existencia de una solicitud de certificación o de análisis dentro de una investigación no constituye una declaración de culpabilidad contra la empresa mencionada ni permite concluir, por sí sola, que esta carezca de las autorizaciones requeridas.
Martínez Pozo mantiene denuncia
El comunicador insistió en que los documentos presentados constituyen el origen de parte de las menciones realizadas en su denuncia y rechazó que estas hayan surgido de especulaciones personales.
- “¿De dónde salen esas menciones? Voy a leer este reporte de inteligencia, que es uno de los orígenes de esas menciones”, manifestó antes de presentar el documento.
Martínez Pozo también sostuvo que el caso no se limita a una posible evasión de impuestos, sino que podría tener implicaciones sanitarias debido a la presunta comercialización de productos sin los registros correspondientes.
Por tratarse de una investigación que, según el propio reporte mostrado, se encuentra en fase de desarrollo, todavía no existe en los documentos aportados una determinación definitiva de responsabilidad contra las empresas, distribuidores o establecimientos mencionados.
La denuncia entra ahora en una nueva etapa tras la presentación pública de parte de la documentación citada por Martínez Pozo y el debate abierto por Dauhajre sobre la trazabilidad de las mercancías, la dimensión del supuesto fraude y las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones.
