MP acusa a 134 empresas y ASFL en ocho casos de corrupción y lavado de activos
La Defensa Pública recibe más de 26,000 expedientes al año y advierte que enfrenta un déficit de unos 250 defensores, mientras se debate si debe representar a empresas imputadas que carecen de abogados privados.
Al menos 134 empresas y asociaciones sin fines de lucro (ASFL) han sido acusadas por el Ministerio Público en ocho procesos judiciales vinculados con presuntos actos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada, una situación que ha abierto un debate sobre la capacidad de la Defensa Pública para asumir la representación legal de estas entidades.
De acuerdo con los casos reseñados, 84 personas jurídicas figuran en los principales procesos complejos del Distrito Nacional, mientras que otras 52 están vinculadas con las operaciones Larva y Falcón, relacionadas con presuntas redes de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Entre los expedientes figuran los casos de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina; el exprocurador general Jean Alain Rodríguez; el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres; el exministro de Hacienda Donald Guerrero; José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim.
Las acusaciones contra las personas físicas y jurídicas involucran presuntos perjuicios al Estado por miles de millones de pesos. En el caso de Alexis Medina, el Ministerio Público atribuye a los imputados un supuesto fraude superior a RD$4,796 millones; en el expediente de Jean Alain Rodríguez, las presuntas irregularidades rondarían los RD$6,000 millones, mientras que en el caso de Adán Cáceres se estima un perjuicio de unos RD$4,500 millones.
El proceso contra Donald Guerrero incluye a 12 personas jurídicas y una presunta defraudación superior a RD$19,000 millones. En el caso de Jochi Gómez, siete empresas son señaladas por su supuesta vinculación con irregularidades en el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo, mientras que en el expediente de SeNaSa figuran cuatro personas jurídicas relacionadas con un fraude estimado inicialmente en RD$15,000 millones.
Defensa Pública enfrenta sobrecarga de trabajo
La discusión se produce en medio de las limitaciones de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que cuenta con 210 defensores y 151 abogados adscritos en todo el país.
En 2025, la institución recibió 26,232 casos, apenas 145 menos que el año anterior, y operó con un presupuesto superior a RD$836 millones. Ese mismo año, los tribunales penales conocieron 31,325 acusaciones, lo que evidencia la magnitud de la carga judicial que enfrenta el sistema.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, ha señalado que la institución mantiene un déficit aproximado de 250 defensores y espera que el Tribunal Constitucional establezca un criterio definitivo sobre su obligación de representar a empresas imputadas que no tengan abogados privados.
Valentín sostiene que la institución no asumirá la defensa de entidades comerciales que poseen activos y pasivos y que no se han declarado en quiebra, mientras persista la falta de una decisión firme que determine esa responsabilidad.
El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, considera comprensibles tanto las preocupaciones de la Defensa Pública por la falta de recursos como el interés del Ministerio Público en evitar que los procesos se paralicen por la ausencia de abogados de las empresas acusadas.
Por su parte, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), advierte que asumir estos expedientes aumentaría la carga de trabajo de una institución que ya atiende a miles de personas con escasos recursos.
Sin embargo, el jurista Carlos Salcedo sostiene que la Constitución no establece diferencias entre personas físicas y jurídicas en materia de protección del derecho de defensa. A su juicio, el Estado debe garantizar asistencia legal cuando el imputado carece de abogado y no dispone de recursos para contratarlo.
Salcedo considera que la Defensa Pública podría asumir esa responsabilidad mediante ajustes institucionales, aunque reconoce que sería necesario habilitar mecanismos para responder a las nuevas exigencias.
Uno de los principales cuestionamientos es que algunas empresas imputadas permanezcan sin representación legal, lo que impide avanzar con las audiencias. En ciertos casos, como los relacionados con Único Real State, RG&S Soluciones Financieras, Asociación Campesina Madre Tierra, Ministerio Jesús Vino, Vive, Vuelve, Agencia de Cambio Estrella, F & F Ezel Import e Inprosol SRL, los procesos llevan más de dos años estancados, según la información publicada.
La abogada Laura Acosta afirmó que la Defensa Pública fue notificada para asumir la representación de Inprosol SRL, pero no había respondido cuando se produjo el aplazamiento de una audiencia en la que se pidió explicar esa situación.
La jurista Ingrid Hidalgo y el exjuez de la Suprema Corte de Justicia Hiroito Reyes reconocen que la falta de representación puede utilizarse como mecanismo para retrasar los procedimientos judiciales.
“No necesariamente no tener defensa implica no tener recursos, sino que puede ser una estrategia para dilatar el proceso”, advirtió Salcedo.
Hidalgo también admitió que, en ocasiones, los abogados pueden dejar a una persona jurídica sin representación como una forma de introducir incidentes procesales.
El conflicto mantiene abierto el debate entre la obligación constitucional de garantizar el derecho de defensa y la necesidad de evitar que la ausencia de abogados se convierta en un obstáculo para el avance de los procesos penales.
