Defensa de imputado en Operación Guepardo advierte posible demanda contra el Estado dominicano
El abogado Robinson Reyes, representante legal del ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, imputado en la Operación Guepardo, advirtió que el Estado dominicano podría enfrentar una demanda por daños y perjuicios debido a lo que considera una acusación injustificada contra su defendido, vinculado por el Ministerio Público a una presunta red de estafa inmobiliaria y lavado de activos.
El jurista cuestionó la actuación del órgano acusador y aseguró que Giroux fue incluido en el expediente sin pruebas suficientes que demuestren su participación en las supuestas irregularidades cometidas a través de la empresa Novasco Real Estate SRL.
“Lo acusa de lavado de activos. Lo acusa de enriquecimiento ilícito. Lo acusa de haberse apropiado de dineros depositados en la empresa Novasco SRL, cosas que nunca sucedieron”, expresó Reyes.
El abogado explicó que su representado estuvo casado con Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada por el Ministerio Público como una de las principales involucradas en la presunta estructura criminal. Sin embargo, sostuvo que ambos se habían separado y que Giroux se había desvinculado de la compañía meses antes de las actuaciones investigadas.
Aunque reconoció que el canadiense poseía inicialmente el 50 % de las acciones de la empresa, afirmó que nunca estuvo a cargo de las finanzas, la administración de cuentas bancarias ni la autorización de desembolsos.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público incluyera en el expediente bienes que, según su versión, fueron adquiridos por Giroux varios años antes de que comenzaran las investigaciones.
Defensa solicitará auto de no ha lugar
Reyes aseguró que dispone de elementos que, a su juicio, permitirían demostrar que su representado no participó en las operaciones fraudulentas atribuidas a la empresa inmobiliaria.
En ese sentido, sostuvo que Giroux debería ser favorecido con un auto de no ha lugar durante la audiencia preliminar, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no justifican su envío a juicio.
“En una administración de justicia correcta, conforme a como lo establece la norma, él debe ser favorecido con un auto de no ha lugar”, manifestó.
El jurista advirtió que no descarta acudir a los tribunales civiles para reclamar una indemnización por los daños que, según sostiene, ha sufrido su defendido como consecuencia del proceso judicial.
Denuncia situación del imputado en prisión
El representante legal también expresó preocupación por las condiciones personales de Giroux durante su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
Según Reyes, el canadiense lleva aproximadamente 20 meses privado de libertad y depende de la asistencia económica de familiares y amigos para cubrir sus necesidades.
El abogado afirmó, además, que su defendido ha atravesado episodios de depresión y una situación emocional delicada durante su encarcelamiento.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y no están acompañadas, en la información disponible, de documentación médica que permita establecer de manera independiente su condición de salud.
Ministerio Público mantiene acusación
La Operación Guepardo fue puesta en marcha en febrero de 2025 para investigar una presunta estructura dedicada a captar recursos mediante proyectos inmobiliarios que, según el Ministerio Público, perjudicaron a numerosos inversionistas.
En abril de 2026, el órgano persecutor presentó acusación formal contra Giroux y otros imputados por su presunta participación en operaciones de estafa electrónica y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, el expediente comprende 426 víctimas y más de 1,660 elementos de prueba, cuya valoración corresponde a los tribunales competentes.
La audiencia preliminar del proceso, junto con el conocimiento de la solicitud de variación de la medida de coerción, está pautada para el viernes 16 de octubre.
Durante esa jornada, la defensa buscará que sean examinados los argumentos con los que pretende desvincular a Giroux de los hechos imputados, mientras el Ministerio Público sostiene la acusación presentada.
Hasta que exista una decisión judicial definitiva, el imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia.
