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El Partido de la Liberación Dominicana cuestionó este lunes el proceso de urgencia iniciado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para la adquisición de calzado escolar, al advertir que la medida podría afectar la transparencia administrativa y perjudicar a la industria nacional del calzado.
La organización política señaló que el caso tiene su origen en una licitación pública nacional convocada en 2024 para la confección y compra de zapatos escolares correspondientes a los períodos 2025-2026 y 2026-2027. Según explicó, ese proceso recibió 172 ofertas y concluyó con adjudicaciones a 101 proveedores.
No obstante, el PLD recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas verificó posteriormente irregularidades en 98 de esos 101 contratos, lo que llevó a la anulación de 25 adjudicaciones.
A juicio del partido opositor, lo correcto habría sido que el INABIE convocara de inmediato una nueva licitación tras conocerse esas anulaciones. Sin embargo, denunció que la institución dejó pasar varios meses y recurrió luego a un proceso de urgencia para adquirir los zapatos escolares.
El PLD sostuvo que esa urgencia no responde a una situación imprevisible, sino a una aparente falta de planificación. También advirtió que el procedimiento podría reducir la competencia y abrir espacio a adjudicaciones dirigidas.
La entidad política expresó preocupación por la posibilidad de que se aumente el porcentaje de calzado importado de un 20 % a un 30 % o incluso 40 %, bajo el argumento de que los productores nacionales no tienen capacidad para suplir la demanda.
Según el PLD, esa justificación afecta a una industria que durante más de una década ha demostrado capacidad para suplir zapatos escolares de calidad al sistema educativo público. La organización afirmó que los productores locales pueden fabricar los cerca de 900 mil pares que se estarían licitando.
El partido también criticó que se privilegie la importación de zapatos sintéticos, los cuales, según afirmó, tendrían menor calidad y durabilidad que los fabricados en piel por productores nacionales. Aseguró que al Estado le cuesta prácticamente lo mismo comprar calzado importado que adquirir zapatos de fabricación dominicana.
Asimismo, denunció que en procesos anteriores se habrían clasificado como fabricantes a empresas que no eran reconocidas por el sector como productoras reales de calzado, lo que, a su entender, evidencia fallas en la verificación de capacidad técnica.
El PLD exigió al INABIE y a la Dirección General de Contrataciones Públicas garantizar que ninguna empresa sin capacidad comprobada sea adjudicada en el proceso en curso. También pidió que las verificaciones de instalaciones, personal, maquinaria y capacidad instalada sean rigurosas, presenciales y sustentadas en criterios objetivos.
La organización reclamó que el proceso no se convierta en un mecanismo para sustituir la producción nacional por calzados importados de menor calidad, y pidió respetar el espíritu del Decreto 164-13, orientado a fortalecer las compras públicas como herramienta de apoyo a la industria local.
De igual forma, solicitó a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continuar las investigaciones sobre las irregularidades identificadas por Contrataciones Públicas y establecer las responsabilidades correspondientes.
El PLD afirmó que seguirá vigilante del proceso, al señalar que está en juego no solo la entrega oportuna de utilería escolar, sino también la protección de empleos nacionales, el respaldo a las micro y medianas empresas y el uso transparente de los recursos públicos.
