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El Consejo del Poder Judicial anunció este jueves un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda y Economía para aplicar una indexación salarial a jueces y servidores judiciales, como parte de las acciones contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034.
La medida contempla un incremento general de 30 % para jueces, juezas y personal administrativo, dividido en un 20 % en 2026 y un 10 % adicional en 2027.
En el caso del personal de apoyo jurisdiccional, secretarias, abogados ayudantes y oficinistas, los ajustes salariales oscilarán entre un 35 % y un 50 %, dependiendo del cargo y la instancia, y serán aplicados de manera escalonada durante los próximos dos años.
El Poder Judicial calificó este reajuste como el aumento salarial más significativo otorgado desde 2017, indicando que fue posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno luego de más de un año de conversaciones técnicas.
“El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia”, indicó la institución mediante un comunicado.
El anuncio fue realizado durante una reunión encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, junto a representantes de jueces y servidores judiciales de distintas jurisdicciones.
Durante el encuentro, el Consejo también informó la aprobación de 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces conforme a la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.
Asimismo, fueron aprobadas 144 acciones de personal para cubrir vacantes en tribunales, de las cuales 119 corresponden al área jurisdiccional y 25 al área administrativa.
El órgano dispuso además completar de manera inmediata el pago retroactivo de compensaciones por suplencia de jueces en los casos que correspondan.
En cuanto a los servidores judiciales interinos, el Consejo aprobó la fijación inmediata de aquellos con seis meses o más de antigüedad, mientras que quienes tengan menos tiempo deberán pasar por una evaluación satisfactoria.
Como parte de las nuevas medidas institucionales, también fue creada la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa, mecanismo que busca fortalecer el seguimiento de necesidades prioritarias en cada territorio mediante mesas departamentales y distritales.
