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El gobierno de República Dominicana respondió este sábado a cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defendiendo su derecho a establecer y hacer cumplir sus políticas migratorias.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dejó claro que regular quién entra, permanece o sale del país es una función básica del Estado dominicano.
El Mirex explicó que las decisiones migratorias del país se fundamentan en la Constitución, las leyes locales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, recordó que todos los países tienen la facultad de establecer sus propias reglas sobre migración.
«Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos», indicó el Ministerio.
El gobierno dominicano también criticó el llamado de la CIDH a no devolver a migrantes irregulares. Según el Mirex, esa exigencia implicaría aceptar automáticamente a cualquier ciudadano haitiano que intente ingresar sin cumplir con los requisitos legales.
«Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo», agregó el comunicado.
República Dominicana sostiene que la crisis prolongada en Haití ha generado una presión migratoria “sostenida y excepcional”, y argumenta que ha tenido que enfrentar por décadas una situación que desborda sus capacidades como país receptor.
