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El abogado Eduardo Núñez advirtió en el Sol de la Mañana que la medida de una eventual reducción del 50 % del financiamiento a los partidos políticos no puede ejecutarse directamente desde el Poder Ejecutivo, además de que podría ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte de partidos que no estén de acuerdo, lo que añadiría complejidad al proceso.
Explicó que la Constitución establece límites claros en materia presupuestaria, señalando que cualquier cambio requiere aprobación legislativa con mayoría calificada.
Indicó que, además del mandato constitucional, sería necesario modificar tanto la ley de presupuesto como la ley de partidos políticos, debido a que estas normativas regulan la asignación y distribución de los recursos públicos destinados a las organizaciones políticas.
Como alternativa, planteó que una reducción podría lograrse mediante un acuerdo voluntario entre los partidos políticos, sin necesidad de reformas legales, aunque consideró poco probable que esa opción se materialice.
Sostuvo que, la propuesta podría interpretarse como una estrategia política para generar discusión y propiciar negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones partidarias, en un contexto marcado por presiones económicas externas.
