RD asciende al Nivel 2 en informe de EE. UU. sobre trata de personas
El Gobierno de República Dominicana avanzó significativamente en la lucha contra la trata de personas y ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país, tras intensificar las acciones para prevenir, perseguir y atender este delito.
Refuerzan marco legal y persecución penal
Entre las principales medidas figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas, eliminando el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción cuando los delitos de trata involucran a menores de edad, en consonancia con los estándares internacionales, especialmente en casos de explotación sexual.
También fue aprobado y financiado con presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. Además, se adoptó la Resolución N.º 13-2024 para establecer un procedimiento de entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas.
El informe destaca que durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 fueron consultadas organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata.
- Asimismo, se mantiene la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que establece penas de 20 a 30 años de prisión para quienes entreguen o exploten a menores de 18 años.
En materia judicial, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial. También investigaron a ocho funcionarios presuntamente cómplices y abrieron procesos judiciales contra tres de ellos, incluidos efectivos de las fuerzas de seguridad.
Aumentan inspecciones y asistencia a víctimas
El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como agricultura, construcción e industria azucarera, que derivaron en la suspensión de actividades de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso. Además, un programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales.
- En cuanto a protección, fueron identificadas 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. La Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI mantuvieron refugios especializados y protección para víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
