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El Senado de Bolivia aprobó un proyecto para derogar la Ley de Estado de Excepción, normativa vigente desde 2020 que establecía límites y controles para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Gobierno en situaciones de crisis.
La decisión ocurre en un contexto de creciente tensión social y política marcado por bloqueos de carreteras, enfrentamientos y presión sobre el presidente Rodrigo Paz para endurecer las acciones contra las protestas.
La iniciativa deberá ser conocida ahora por la Cámara de Diputados. De ser aprobada, el Ejecutivo tendría menos restricciones legales para aplicar medidas excepcionales frente a la crisis que afecta el suministro de combustible, alimentos y medicamentos en distintas regiones del país.
La ley eliminada obligaba al Gobierno a justificar las medidas adoptadas, establecía límites temporales y contemplaba supervisión legislativa sobre decisiones vinculadas al estado de excepción y el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interna.
Sectores empresariales y organizaciones cívicas han pedido respuestas más severas para desbloquear las carreteras tomadas por grupos sindicales y movimientos vinculados al expresidente Evo Morales.
El Comité pro Santa Cruz solicitó públicamente la aplicación de un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento en las principales ciudades.
Sin embargo, sindicatos y organizaciones sociales advirtieron que medidas de ese tipo podrían intensificar el conflicto y generar nuevos hechos violentos. Los manifestantes responsabilizan al Gobierno por el deterioro económico y social.
Ante el aumento de la tensión, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias pidieron abrir canales de diálogo y detener la violencia.
“Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, expresaron en un comunicado conjunto. También reclamaron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los enfrentamientos recientes.
Las protestas comenzaron a intensificarse desde mayo debido a la escasez de combustible, la inflación y la crisis económica. Con el paso de las semanas, algunos sectores comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
