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La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque sin precisar si se trata del salario mínimo o de los ingresos complementarios que reciben los trabajadores públicos.
Durante un mensaje al país, la mandataria aseguró que el ajuste será “responsable”, en un intento por evitar mayores presiones inflacionarias en medio de la crisis económica que atraviesa la nación.
Rodríguez también confirmó que recientemente se incrementaron bonificaciones para empleados públicos, las cuales forman parte del ingreso mensual pero no inciden en beneficios laborales, un esquema que se mantiene desde hace años.
La mandataria explicó que el objetivo es lograr una recuperación gradual del poder adquisitivo, vinculada al crecimiento económico en sectores como hidrocarburos y minería.
“Nuestro objetivo es recuperar de forma sostenida el ingreso de los trabajadores”, expresó, al destacar que cualquier mejora dependerá de la disponibilidad de recursos del Estado.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela permanece congelado desde marzo de 2022, con un valor simbólico debido a la inflación, mientras la mayoría de trabajadores depende de bonos para subsistir.
Rodríguez anunció además la creación de una comisión para el diálogo laboral, en respuesta a las protestas de trabajadores que exigen mejoras salariales y condiciones dignas.
La iniciativa busca reunir a distintos sectores para discutir políticas que permitan fortalecer el ingreso y la estabilidad laboral, en medio de un contexto de alta presión social.
Asimismo, informó la conformación de otra comisión para evaluar los activos estratégicos del país, y convocó una movilización nacional contra las sanciones que se extenderá hasta el 1 de mayo en Caracas.
Además, expertos señalan que cualquier aumento salarial anunciado por el Gobierno deberá enfrentar el desafío de la inflación persistente y la devaluación del bolívar, factores que han erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos años. En ese contexto, distintos sectores laborales mantienen expectativas moderadas, insistiendo en que los ajustes deben ir acompañados de políticas económicas sostenibles que garanticen mejoras reales y duraderas en la calidad de vida.
