Te puede Interesar
Videos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que su país entregó más de 3,000 folios de pruebas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco del litigio territorial que mantiene con Guyana por la región del Esequibo, pese a denunciar obstáculos impuestos por Reino Unido.
Durante declaraciones ofrecidas en La Haya, Rodríguez sostuvo que Londres impidió a Venezuela acceder a documentos probatorios, destruyó evidencias y permitió únicamente a Guyana disponer de ciertos materiales relacionados con el caso.
La mandataria felicitó al equipo venezolano de investigación por recopilar lo que calificó como una “abundante” documentación que, según afirmó, demostraría la nulidad del Laudo Arbitral de 1899. Además, reiteró la disposición de Caracas de avanzar hacia una negociación directa con Guyana.
Rodríguez consideró que el proceso judicial podría colocar a la CIJ en una “situación vergonzosa” si valida lo que describió como un fraude histórico ocurrido hace más de un siglo.
“Venezuela no reconocerá esa decisión porque implicaría aceptar una ilegalidad internacional”, declaró la funcionaria, quien insistió en que el diálogo bilateral es la única vía válida para resolver la controversia debido a la condición de países vecinos de ambas naciones.
La disputa se centra en el Esequibo, una zona de aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados que actualmente administra Guyana y que representa cerca de dos tercios de su territorio. Caracas reclama históricamente esa región, rica en petróleo y recursos minerales.
El conflicto llegó a la CIJ en marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda para que el tribunal declarara válida y vinculante la decisión arbitral de 1899 que fijó la frontera entre ambos países.
Venezuela declaró nulo ese laudo en 1962, alegando presuntas irregularidades en el proceso, mientras Guyana sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce la competencia de la Corte como mecanismo para resolver la disputa.
Aunque Caracas anunció en 2018 que no reconocía la jurisdicción de la CIJ, el tribunal concluyó en diciembre de 2020 que sí tiene competencia para conocer el caso. Posteriormente, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Venezuela y autorizó avanzar al análisis de fondo del litigio.
