Yeni Berenice advierte a los corruptos ante la entrada en vigor del nuevo Código Penal
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el nuevo Código Penal dominicano establece un escenario más riguroso para quienes incurran en actos de corrupción. La magistrada sostuvo que, ante la entrada en vigor de la nueva legislación, “no es un buen momento para los corruptos”.
Reynoso explicó que la sustracción de recursos públicos no debe verse únicamente como un perjuicio para el Estado, ya que cada peso que es desviado termina afectando directamente a los ciudadanos. A su juicio, la corrupción limita las posibilidades de la población de acceder a mejores condiciones de vida y obstaculiza el desarrollo del país.
La procuradora también defendió las acciones de persecución contra quienes cometen delitos vinculados con el manejo irregular de fondos públicos. Señaló que estas actuaciones no responden a una intención de perseguir con saña a determinadas personas, sino al deber de las autoridades de proteger los recursos pertenecientes al Estado y, por tanto, a la ciudadanía.
Durante su intervención, Reynoso llamó la atención sobre las nuevas disposiciones del Código Penal y advirtió especialmente a quienes puedan dejarse llevar por la avaricia y optar por prácticas corruptas. Indicó que la legislación incorpora o refuerza alrededor de 27 tipos penales relacionados con la corrupción, algunos de los cuales pueden ser considerados delitos precedentes del lavado de activos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de un Foro de Contratación Pública, organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), espacio en el que se abordaron temas relacionados con la transparencia, la prevención de irregularidades y la protección de los fondos públicos.
En el encuentro también participó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien destacó los resultados del sistema de monitoreo utilizado por esa institución para detectar e intervenir procesos de contratación. Según explicó, estas acciones contribuyeron a salvaguardar más de RD$6,800 millones.
Las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y transparencia en los procesos de contratación estatal, como parte de las medidas destinadas a prevenir prácticas irregulares y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
