Abinader: “Una gente que tenga 10 fichas… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad”
El presidente Luis Abinader defendió la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal y consideró que las personas con múltiples antecedentes delictivos enfrentan mayores dificultades para reincorporarse a la sociedad.
El mandatario se refirió al tema durante la jornada de entrevistas que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de las discusiones sobre el alcance de las nuevas disposiciones penales y las herramientas disponibles para enfrentar la criminalidad.
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”, expresó Abinader al responder sobre el propósito y alcance de las sanciones previstas en la nueva legislación.
Sus declaraciones se produjeron luego de que la Policía Nacional informara sobre un registro de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes, mientras las autoridades han planteado el fortalecimiento de las medidas para enfrentar distintos fenómenos delictivos.
El debate cobró relevancia durante las propias entrevistas del CNM, donde los aspirantes a la Suprema Corte expusieron sus posiciones sobre el sistema penal, la efectividad de las sanciones y la función que debe cumplir la pena dentro de la sociedad.
El debate llegó a las entrevistas del CNM
El tema surgió durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en la Ley 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
En ese contexto, Abinader sostuvo que el país debía adaptar su legislación a las características de la criminalidad actual y consideró necesario contar con herramientas jurídicas capaces de responder a los nuevos desafíos que enfrenta el sistema de seguridad y justicia.
“Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, manifestó el presidente.
Sin embargo, la discusión tomó otro rumbo durante el intercambio entre el mandatario y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y también aspirante a integrar la Suprema Corte.
Báez García planteó que el endurecimiento de las sanciones no era suficiente, por sí solo, para solucionar las causas que generan la delincuencia. Además, recordó que la pena privativa de libertad tiene entre sus objetivos constitucionales procurar la reinserción social de las personas condenadas.
“El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”, sostuvo el magistrado.
El juez explicó que detrás del cúmulo de penas se encontraba la denominada teoría de la incapacitación, que procura mantener durante períodos prolongados fuera de la sociedad a personas que han cometido determinados delitos.
No obstante, advirtió que esa finalidad podía generar una tensión con el objetivo de reinserción social que también persigue la pena, lo que, a su juicio, plantea uno de los principales debates sobre el papel del derecho penal.
“Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables”, expresó Báez García.
Abinader apuesta a las penas como mecanismo de disuasión
El presidente Abinader coincidió con el magistrado en la necesidad de atender las causas de la delincuencia y fortalecer las políticas públicas de prevención, aunque expresó una posición diferente respecto al efecto que pueden producir las sanciones más prolongadas.
El mandatario sostuvo que, además de las estrategias preventivas, el sistema de justicia debía disponer de penas capaces de generar un efecto disuasorio frente a quienes contemplaran la posibilidad de cometer delitos.
“Mayores penas también está probado, que es una disuasión”, afirmó Abinader durante el intercambio.
El gobernante reconoció que se trataba de una discusión de carácter criminológico, en la que existen distintas posiciones sobre la relación entre la severidad de las penas y la reducción de los delitos.
Mientras Abinader defendió que las sanciones más severas pueden contribuir a desalentar determinadas conductas delictivas, Báez García insistió en que el endurecimiento de las penas no debía convertirse en la única respuesta frente a la criminalidad.
El magistrado sostuvo que las políticas públicas también deben enfocarse en generar condiciones que reduzcan las posibilidades de que las personas terminen vinculadas a actividades delictivas, aunque reconoció que el Estado no puede evitar de manera absoluta que ocurran hechos criminales.
El intercambio entre el presidente y el aspirante a la Suprema Corte puso sobre la mesa una de las discusiones centrales alrededor de la aplicación del nuevo Código Penal: el equilibrio entre castigo, prevención, incapacitación y reinserción social.
La discusión se produjo precisamente durante el proceso mediante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura evalúa a los candidatos que aspiran a ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia, órgano que tendrá entre sus responsabilidades interpretar y aplicar las normas que regulan el sistema penal dominicano.
