ADESINC pide más tiempo para que empresas se adapten al nuevo régimen penal
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad respaldó la propuesta de ampliar a 24 meses el período de adaptación para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que el sector empresarial necesitaba tiempo suficiente para ajustar sus procesos y reforzar sus mecanismos de prevención.
El presidente de la entidad, Freddy González Estrada, valoró la iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, al señalar que permitiría establecer una transición más ordenada y con reglas claras frente a las nuevas obligaciones contempladas en la legislación penal.
La propuesta legislativa planteó modificar el artículo 31 de la Ley 44-26, de manera que las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entraran en vigencia 24 meses después de la publicación de la eventual ley, en sustitución del plazo de tres meses establecido a partir del 5 de agosto de 2026.
Para ADESINC, el período adicional resultaba especialmente importante para las empresas de seguridad privada, debido a las particularidades de una actividad que involucra la protección de personas y bienes, la toma de decisiones en situaciones de riesgo y la aplicación de protocolos relacionados con el uso de la fuerza.
Empresas debían revisar protocolos y responsabilidades
González Estrada explicó que la adaptación al nuevo régimen implicaba una revisión profunda de los procedimientos internos de las compañías, incluyendo los protocolos operativos, las responsabilidades de los equipos de dirección y supervisión y los mecanismos utilizados para prevenir posibles conductas delictivas.
También consideró necesario fortalecer la capacitación del personal y dejar debidamente documentados los controles y procedimientos destinados a reducir riesgos dentro de las operaciones de las empresas de vigilancia.
El dirigente empresarial sostuvo que estas medidas adquirían una importancia particular en un sector donde los trabajadores podían verse obligados a tomar decisiones frente a situaciones que involucraran personas, bienes, uso de la fuerza y escenarios de peligro.
ADESINC reiteró, además, su respaldo a la modernización de la legislación penal y a las políticas dirigidas a prevenir delitos, aunque defendió que la aplicación de las nuevas normas debía realizarse de manera proporcional.
En ese sentido, González Estrada planteó la importancia de diferenciar entre una eventual falla de organización empresarial y las actuaciones individuales de empleados que pudieran producirse al margen de las instrucciones, controles y protocolos establecidos por la compañía.
El presidente de ADESINC recordó que esas preocupaciones ya habían sido discutidas durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por la asociación en agosto, actividad que contó con la participación del jurista Francisco Álvarez y representantes del sector.
Durante ese encuentro, el gremio había señalado la necesidad de contar con mayores precisiones sobre aspectos como la responsabilidad corporativa, la legítima defensa y el uso de la fuerza, debido al impacto que las nuevas disposiciones podían tener en las operaciones de las empresas dedicadas a la vigilancia privada.
Sector plantea aprovechar el plazo para capacitar y prevenir
A juicio de González Estrada, los 24 meses de adaptación no debían entenderse únicamente como una extensión del plazo, sino como una oportunidad para preparar adecuadamente a las organizaciones y a las instituciones encargadas de aplicar el nuevo régimen.
En ese período, ADESINC consideró necesario desarrollar programas de formación, orientaciones prácticas y asistencia técnica que permitan a las empresas conocer sus nuevas responsabilidades y establecer mecanismos de cumplimiento adecuados a sus operaciones.
La propuesta también contemplaba acciones de preparación por parte de los organismos que integran el sistema de justicia y de las entidades reguladoras, con el propósito de acompañar el proceso de implementación y facilitar una aplicación efectiva de las nuevas disposiciones.
Otro de los elementos planteados fue la creación de modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño de cada organización, su actividad y el nivel de exposición a los diferentes riesgos, evitando que las exigencias se apliquen de manera uniforme sin tomar en cuenta las capacidades y características de cada empresa.
González Estrada resaltó especialmente la importancia de ese acompañamiento para las compañías con menores recursos técnicos y económicos, que podrían enfrentar mayores dificultades para implementar por sí solas sistemas de prevención y cumplimiento.
La modificación propuesta se limitaría exclusivamente al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, el diferimiento no afectaría la entrada en vigencia de las demás disposiciones del Código Penal ni modificaría la responsabilidad penal individual de las personas.
Tampoco limitaría las responsabilidades civiles y administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo que el objetivo de la ampliación sería permitir una preparación adecuada del sector empresarial antes de la aplicación del régimen específico de responsabilidad penal corporativa.
