Pedro Jiménez cuestiona condiciones para empresas dominicanas en grandes proyectos de agua
El periodista y abogado Pedro Jiménez advirtió sobre las posibles consecuencias económicas que, a su juicio, podría generar una participación limitada de empresas dominicanas en los procesos de contratación relacionados con grandes proyectos de infraestructura hídrica que se desarrollaban en el país.
Jiménez puso bajo la lupa las condiciones de contratación vinculadas al proyecto de seguridad hídrica Hatillo–Santo Domingo, bajo responsabilidad de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y al sistema integral de agua potable y saneamiento de Verón–Punta Cana, impulsado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
El comunicador sostuvo que, debido a la magnitud de las inversiones y al prolongado período de operación que tendrán estas infraestructuras, la discusión no debía limitarse a determinar quién ejecutará las obras, sino también a establecer quién las operará, bajo qué condiciones y qué espacio tendrá el capital y el conocimiento dominicano.
“No se trata de cerrar las puertas a la inversión extranjera. Se trata de evitar que las reglas terminen cerrándole las puertas al empresario dominicano”, afirmó Jiménez.
El proyecto Hatillo–Santo Domingo forma parte del Programa de Seguridad Hídrica de la Presa de Hatillo y Abastecimiento Sánchez Ramírez–Santo Domingo, desarrollado por la CAASD con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según las cifras citadas por Jiménez, la CAASD había estimado la inversión del proyecto entre US$600 y US$700 millones.
Por otro lado, el programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de Punta Cana–Bávaro, identificado por el BID como DR-L1172, contemplaba un financiamiento total de US$400 millones.
Jiménez pide revisar las condiciones de participación empresarial
A partir de esas cifras, Jiménez planteó que los procesos de contratación debían ser examinados desde la perspectiva de la competencia efectiva, especialmente en lo relativo a los requisitos de experiencia y capacidad establecidos para las fases de operación y mantenimiento.
El periodista consideró que una empresa dominicana con capacidad financiera, técnica y experiencia comprobada en la ejecución de grandes obras de infraestructura debería tener la posibilidad de participar directamente, mientras que la experiencia internacional requerida podría incorporarse mediante contratos especializados cuando fuera necesario.
“Si una empresa dominicana tiene capacidad financiera, técnica y experiencia para ejecutar grandes obras, no parece razonable que la única manera de acceder a estos proyectos sea necesariamente compartir la titularidad del contrato con un operador extranjero”, expresó.
Jiménez sostuvo que el Estado podía establecer garantías de desempeño, certificaciones y requisitos de experiencia, sin que esas condiciones se convirtieran, según su planteamiento, en obstáculos que limitaran la participación de compañías nacionales.
A su entender, las implicaciones de una estructura de contratación que reduzca la participación local irían más allá de los intereses particulares de las empresas, debido a que se trata de sistemas de agua considerados estratégicos para el desarrollo de distintas zonas del país.
“Lo que está en juego no son solamente contratos de construcción. Estamos hablando de décadas de operación de sistemas que serán fundamentales para el Gran Santo Domingo y para uno de los principales polos turísticos del país”, señaló.
El comunicador también planteó que la CAASD y el INAPA debían procurar que las inversiones generaran beneficios adicionales para el tejido productivo nacional, mediante transferencia de tecnología, capacitación de profesionales y fortalecimiento de las capacidades de las empresas dominicanas.
En el caso del proyecto Hatillo–Santo Domingo, Jiménez recordó que la documentación oficial también contemplaba la participación técnica de instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Ministerio de Medio Ambiente, además del acompañamiento del BID.
Reclama transparencia y transferencia de conocimientos
Jiménez consideró que proyectos de esta magnitud debían dejar como resultado no solo nuevas infraestructuras, sino también conocimiento, tecnología y capacidades locales que permanecieran en el país durante y después de su ejecución.
“Una inversión de esta magnitud debe dejar infraestructura, pero también debe dejar conocimiento, empresas fortalecidas y capacidades dominicanas. No podemos conformarnos con que el país sea solamente el lugar donde se construyen las obras”, afirmó.
El periodista pidió a la CAASD y al INAPA explicar públicamente los mecanismos contemplados en sus respectivos procesos de contratación, con el propósito de conocer cómo se garantizarían la competencia, la participación de empresas nacionales y la transparencia en proyectos de infraestructura hídrica de carácter estratégico.
Asimismo, consideró importante que el BID, en su condición de organismo financiador y acompañante de estos programas, mantuviera los estándares de transparencia, competencia y participación establecidos en sus políticas y procedimientos para los procesos de contratación.
Jiménez planteó que todavía existía oportunidad para revisar las condiciones antes de que los contratos fueran adjudicados y para establecer reglas que permitieran la participación de empresas internacionales sin excluir a compañías dominicanas con capacidad para asumir responsabilidades dentro de los proyectos.
“Mi llamado es a revisar y transparentar las condiciones antes de que los contratos sean adjudicados. Todavía estamos a tiempo de garantizar reglas que permitan la participación internacional, pero que al mismo tiempo protejan y fortalezcan al empresariado dominicano”, concluyó.
Finalmente, Jiménez aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos contra las empresas extranjeras por su procedencia, sino que buscaban que los procesos garantizaran, según su planteamiento, igualdad de oportunidades, competencia efectiva, transparencia y participación sustantiva de empresas dominicanas en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
