Aplazan para el 5 de agosto revisión de coerción contra Santiago Hazim por caso SeNaSa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 5 de agosto la segunda revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a los demás imputados en el proceso por un presunto fraude millonario en perjuicio de la ARS estatal.
La audiencia estaba pautada para este jueves, pero el tribunal decidió reprogramarla, por lo que será en la nueva fecha cuando se conocerán los planteamientos relacionados con las medidas cautelares que pesan sobre los acusados.
Desde tempranas horas de la mañana, Hazim y los demás implicados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para participar en la audiencia, sin embargo, el conocimiento del proceso fue pospuesto.
Hazim es señalado como principal acusado del caso
El proceso judicial contra Santiago Hazim surge de una investigación del Ministerio Público que lo señala como presunto líder de una estructura que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud mediante un esquema de corrupción que provocó un perjuicio económico superior a los RD$15 mil millones.
El exfuncionario permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, donde cumple la medida de coerción dictada por el tribunal junto a otros imputados vinculados al expediente.
Tribunal deberá evaluar continuidad de las medidas
La revisión obligatoria de la coerción forma parte del procedimiento penal dominicano que permite a los jueces verificar periódicamente si permanecen las condiciones que justificaron la prisión preventiva u otras medidas impuestas durante el desarrollo del proceso.
En la audiencia del 5 de agosto, el tribunal deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si mantiene, modifica o varía las medidas cautelares vigentes contra Hazim y los demás acusados.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y financieras en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
