Te puede Interesar
Videos
El proceso judicial contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez fue archivado por un tribunal de Santiago Rodríguez tras determinar que la acción penal había prescrito, debido a que pasaron más de diez años desde los hechos denunciados.
La decisión judicial no implica una declaración de inocencia, sino que se fundamenta en los plazos establecidos por la legislación dominicana para este tipo de casos. Aunque el expediente penal quedó cerrado sin llegar a juicio, la Iglesia Católica informó que continúa desarrollando una investigación interna bajo las disposiciones del derecho canónico.
Las mujeres denunciantes aseguraron que durante años permanecieron en silencio por temor, presión emocional y miedo al rechazo social, y que al decidir hablar esperaban alguna respuesta institucional.
Las acusaciones están vinculadas a hechos presuntamente ocurridos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, donde el sacerdote realizaba labores pastorales.
Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de María para proteger su identidad, relató que el religioso se ganó poco a poco la confianza de su familia y se acercó a su entorno personal.
Según explicó, las conductas inapropiadas comenzaron cuando todavía era adolescente y colaboraba en actividades relacionadas con la parroquia.
“Uno se quedaba callado por la ignorancia y por la niñez”, expresó.
Otra mujer, también bajo anonimato, indicó que los hechos ocurrieron cuando tenía entre 13 y 14 años y que el miedo le impidió denunciar durante mucho tiempo.
Las denunciantes sostienen que hicieron pública su historia no con la intención de perjudicar a la Iglesia, sino para evitar que otras personas vivan situaciones similares.
“Lo único que queríamos era desenmascarar a esa persona”, manifestó una de ellas.
Semanas antes de ser arrestado, el sacerdote fue cuestionado sobre las denuncias durante una entrevista, aunque evitó ofrecer declaraciones públicas respecto a las acusaciones.
Posteriormente, el tribunal determinó que los hechos habían prescrito conforme a la normativa vigente, ya que no fueron denunciados dentro del plazo legal correspondiente.
No obstante, el obispo de la diócesis Mao-Monte Cristi, Diómedes Espinal, informó que el proceso eclesiástico sigue abierto y que el sacerdote permanece suspendido de sus funciones religiosas desde septiembre.
“Vamos a actuar conforme a lo que prescribe el derecho canónico”, señaló el obispo, quien explicó que la diócesis dispone de una comisión especializada para investigar casos relacionados con menores.
La Iglesia indicó además que el expediente será enviado a las autoridades eclesiásticas correspondientes en Roma, responsables de tomar la decisión final sobre el futuro del sacerdote dentro del ministerio.
Mientras tanto, las denunciantes afirman que aún enfrentan secuelas emocionales por lo ocurrido y esperan que otras posibles víctimas encuentren la valentía para denunciar.
“Tal vez esto no se quede solo en un caso archivado”, expresó una de ellas.
