Advierten incumplimiento de la autoridad supera el costo del bien incautado

Por Wilka Matos
Publicado el 24 oct 2026

El incumplimiento de una decisión judicial que ordena devolver un bien incautado puede generar una sanción económica acumulativa, cuyo propósito es penalizar la desobediencia y no el valor del objeto, explicó el panelista Gustavo de los Santos.

Durante su participación en el programa Legal Radio, que se transmite por Rumba 98.5 FM, el panelista explicó que la astreinte es una sanción económica que puede imponer un juez a una persona física, jurídica o autoridad por incumplir una decisión judicial previa.

  • Como ejemplo, mencionó el caso de una disposición que ordene devolver un teléfono celular incautado a su propietario. Si la autoridad no cumple con esa orden, el juez puede establecer una penalidad diaria hasta que se produzca la entrega del dispositivo.

La sanción se acumula mientras persista el incumplimiento

De los Santos indicó que, si el juez establece una sanción de 2,000 pesos diarios, el monto se acumula durante el tiempo en que el celular permanezca sin ser devuelto y posteriormente se procede a su liquidación.

El panelista cuestionó que las autoridades intenten justificar el monto de la sanción alegando que el teléfono tiene un valor elevado, pues, a su juicio, el motivo de la penalidad es la desobediencia a la disposición judicial.

«Lo más caro es el incumplimiento suyo», enfatizó al referirse a la responsabilidad de quien no ejecuta la orden de devolver el bien.

La responsabilidad recae sobre quien desobedece la orden

De los Santos sostuvo que, cuando una autoridad recibe el requerimiento de devolver un bien mueble que pertenece a una persona y no lo hace, puede generarse una astreinte por el incumplimiento de esa obligación.

  • «Lo que usted se está sancionando es su incumplimiento», afirmó, al diferenciar la penalidad económica del precio del objeto retenido.

Asimismo, señaló que el Código Civil contempla obligaciones de hacer y de no hacer, y explicó que, en el ejemplo planteado, la autoridad tenía el mandato de devolver el celular y no cumplió con lo requerido.

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