Ocho imputados del caso Senasa cumplirán prisión preventiva y 15 arresto domiciliario
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó este domingo las medidas de coerción contra los imputados en la segunda fase del caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión fue emitida cerca de las 10:00 de la noche, luego de varias jornadas de audiencia.
De acuerdo con la decisión, ocho de los procesados deberán cumplir prisión preventiva, mientras que otros 15 fueron enviados a arresto domiciliario. Las medidas forman parte del proceso judicial iniciado tras los arrestos realizados el pasado 18 de septiembre.
Entre quienes cumplirán prisión preventiva figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes serán recluidos en el centro penitenciario Las Parras. También fueron enviados a prisión Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, estas últimas en Najayo Mujeres.
En tanto, el tribunal dispuso arresto domiciliario para 15 personas, entre ellas Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero y Víctor Felipe Rodríguez García. También figuran Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz y otros procesados incluidos en la decisión judicial.
Para otros tres imputados, el juez estableció medidas distintas a la prisión y al arresto domiciliario, consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público había solicitado inicialmente prisión preventiva para los procesados, aunque posteriormente modificó su petición respecto de algunos de ellos, tomando en cuenta, según explicó, la colaboración ofrecida durante las investigaciones.
La investigación corresponde a una nueva línea del caso SeNaSa y, según el Ministerio Público, contempla alegadas irregularidades relacionadas con autorizaciones y reclamaciones de servicios médicos. El expediente presentado por la acusación tiene unas 525 páginas y atribuye a los investigados un perjuicio económico preliminar superior a 40 millones de pesos en esta fase del proceso.
