Te puede Interesar
Videos
Los candidatos que disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú protagonizaron un intenso debate en el que las propuestas para fortalecer la educación, ampliar la cobertura de salud y combatir la inseguridad ciudadana se mezclaron con fuertes acusaciones sobre la gestión de recursos públicos y la responsabilidad política en la crisis que atraviesa el país.
Durante el único cara a cara previo a la votación definitiva, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez defendieron modelos opuestos de gobierno y buscaron convencer al electorado de que representan la mejor opción para enfrentar los desafíos económicos y sociales de Perú.
Ambos coincidieron en la necesidad de aumentar la inversión estatal en áreas sensibles como educación y salud, aunque discreparon sobre la forma de obtener los recursos necesarios para financiar esas iniciativas.
El debate también estuvo marcado por constantes intercambios de acusaciones sobre decisiones adoptadas en los últimos años por los sectores políticos que representan.
Mientras Fujimori cuestionó la gestión de los gobiernos vinculados al expresidente Pedro Castillo, Sánchez responsabilizó al fujimorismo de impulsar medidas que, según afirmó, han afectado el financiamiento de programas sociales y han contribuido a la inestabilidad política del país.
En el bloque dedicado a salud y educación, los dos aspirantes presidenciales presentaron propuestas orientadas a incrementar el gasto público y mejorar los servicios para la población.
Fujimori propuso implementar un sistema nacional de telemedicina, aumentar el presupuesto destinado a enfermedades de alto costo, reforzar la lucha contra la anemia infantil y ejecutar la construcción y rehabilitación de 5,000 centros educativos. Además, planteó ampliar los programas de becas universitarias y distribuir miles de kits escolares.
Sánchez respondió cuestionando la viabilidad de esas promesas y acusó al sector político de su rival de no haber respaldado presupuestariamente iniciativas similares en el Congreso.
El candidato izquierdista sostuvo que las prioridades del Estado deben enfocarse en fortalecer los programas educativos y criticó el incremento de recursos destinados al Poder Legislativo mientras, según afirmó, existen necesidades urgentes en sectores esenciales.
Por su parte, Fujimori aseguró que es posible obtener mayores recursos para salud y educación mediante una reorganización del gasto estatal. La candidata señaló que fondos utilizados en empresas públicas podrían ser redirigidos hacia programas de becas y otros proyectos sociales.
En respuesta, Sánchez planteó elevar la inversión educativa hasta el 6 % del producto interno bruto y aumentar el gasto en salud hasta el 9 % del PIB, argumentando que estos sectores requieren una atención prioritaria para garantizar el desarrollo nacional.
La seguridad ciudadana ocupó el primer bloque del debate y se convirtió en uno de los temas de mayor confrontación. Fujimori afirmó que Perú necesita recuperar el orden frente al avance de la criminalidad y prometió implementar un plan de pacificación nacional para enfrentar las extorsiones, asesinatos y otras manifestaciones del crimen organizado que preocupan a la población.
Sánchez rechazó esos planteamientos y acusó a su rival de representar precisamente el caos político que ha caracterizado al país durante la última década. El candidato izquierdista vinculó al fujimorismo con los constantes conflictos institucionales y cuestionó el papel de esa fuerza política en las sucesivas destituciones presidenciales ocurridas en Perú.
Fujimori respondió responsabilizando al sector político asociado a Pedro Castillo de los problemas que actualmente enfrenta la nación.
Otro de los puntos más polémicos surgió cuando Sánchez cuestionó las denominadas “leyes procrimen”, un conjunto de normativas aprobadas por sectores conservadores para combatir la delincuencia organizada y que, según sus críticos, han producido efectos contrarios a los esperados.
Fujimori, a su vez, cuestionó las alianzas políticas de su adversario y recordó episodios relacionados con el expresidente Castillo, incluyendo el intento de golpe de Estado de 2022.
El debate concluyó con nuevas acusaciones cruzadas sobre corrupción, estabilidad democrática y responsabilidad política, dejando en evidencia las profundas diferencias entre ambos candidatos de cara a una segunda vuelta que definirá el futuro político de Perú y que se desarrolla en un contexto de alta polarización y creciente preocupación ciudadana por la seguridad, la economía y la gobernabilidad.
