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Un jurado federal de Miami, en Estados Unidos, declaró este viernes culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar y asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, en Puerto Príncipe.
Con esta decisión judicial, ya suman nueve las personas condenadas en territorio estadounidense por el magnicidio ejecutado por un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.
Cinco de los acusados habían sido condenados previamente a cadena perpetua, mientras que un sexto implicado recibió una sentencia de nueve años de prisión, luego de determinarse que desconocía el plan criminal cuando financió el envío de chalecos antibalas.
Los cuatro procesados, quienes durante el juicio se declararon inocentes, podrían enfrentar penas de cadena perpetua tras el veredicto.
La decisión fue tomada por un jurado compuesto por 12 miembros, luego de 39 días de audiencias en un tribunal federal de Miami presidido por la jueza Jacqueline Becerra.
De acuerdo con la acusación, los ahora condenados coordinaron desde el sur de Florida el secuestro y posterior asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, donde un grupo de mercenarios irrumpió para ejecutar el ataque.
Expedientes judiciales indican que entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida sirvió como base de planificación y financiamiento de la operación destinada a derrocar al mandatario haitiano y sustituirlo por una figura afín a los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
Según las investigaciones, el plan contemplaba que el médico haitiano Christian Sanon asumiera la presidencia y luego favoreciera con contratos a una empresa ubicada en Doral, relacionada con Intriago y Ortiz. Solages fungía como coordinador en Haití, mientras que Veintemilla habría aportado recursos económicos mediante su empresa Worldwide Investment Development Group.
Sanon también figura entre los acusados en el caso, aunque su juicio fue aplazado debido a problemas de salud y será retomado en una fecha aún no establecida.
Las autoridades señalaron que inicialmente la operación fue presentada a los mercenarios colombianos como una misión de arresto respaldada por agencias estadounidenses, debido a que algunos involucrados habían colaborado previamente como informantes del FBI y la DEA. No obstante, testimonios revelaron que el plan terminó convirtiéndose en un asesinato tras fracasar los intentos de captura.
En Haití, más de 50 personas han sido señaladas por el magnicidio, incluida la viuda de Moïse. Sin embargo, el proceso judicial en ese país continúa paralizado a causa de la creciente inseguridad.
La muerte del presidente provocó una severa crisis política y social en Haití, generando un vacío de poder que facilitó la expansión de grupos armados y empeoró la emergencia humanitaria.
La situación también ha provocado un aumento de la migración haitiana hacia otras naciones, principalmente Estados Unidos, donde alrededor de 350 mil haitianos dependen actualmente del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, en medio de intentos del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar esa protección, medidas que hasta ahora han sido frenadas por los tribunales.
