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La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) logró la restitución de varios servidores públicos que habían sido desvinculados de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) luego de denunciar irregularidades.
La medida fue ejecutada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), tras gestiones de la DIGEIG, en el marco de acciones orientadas a garantizar la protección de quienes reportan posibles actos indebidos.
El caso se remonta a agosto de 2025, cuando la DIGEIG recibió denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en CORAMON. Luego de una evaluación inicial, el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante posibles implicaciones penales.
Posteriormente, Milagros Ortiz Bosch llevó el tema ante la Procuraduría General de la República, donde sostuvo un encuentro con la procuradora Yeni Berenice Reynoso, y solicitó al MAP la revisión de las desvinculaciones.
La entidad considera que esta decisión fortalece las garantías para quienes denuncian irregularidades en el sector público. En ese contexto, impulsa un anteproyecto de ley orientado a la protección de informantes, víctimas y testigos dentro de la administración pública.
La propuesta se desarrolla junto al Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y con apoyo de USAID, con el objetivo de establecer mecanismos que aseguren confidencialidad y reduzcan riesgos de represalias en los procesos de denuncia.
