Estados demandan a Trump por nuevas condiciones a fondos de planificación familiar
Una coalición integrada por 23 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, en rechazo a las nuevas condiciones establecidas para acceder a fondos federales destinados a servicios de planificación familiar y salud reproductiva.
La acción judicial cuestiona los requisitos establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para las subvenciones correspondientes al Título X, un programa federal que financia servicios de planificación familiar y atención reproductiva, principalmente para personas de bajos ingresos.
Los estados demandantes sostienen que las nuevas disposiciones podrían afectar a aquellas administraciones estatales y proveedores que no compartan las prioridades políticas de la actual administración federal. A su juicio, condicionar la entrega de los recursos de esta manera constituye una medida inconstitucional.
El programa Título X representa una fuente de financiamiento federal destinada específicamente a servicios como anticoncepción, control de la natalidad, atención relacionada con la infertilidad, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, además de detección de cáncer.
De acuerdo con la demanda, las nuevas reglas contemplan la posibilidad de que los beneficiarios pierdan la totalidad de las subvenciones si dejan de cumplir con las prioridades establecidas por el Departamento de Salud.
Los estados también cuestionan las políticas de la administración Trump relacionadas con diversidad e identidad de género, al considerar que estas posiciones podrían terminar influyendo en la distribución de recursos destinados a servicios de salud reproductiva.
La demanda es encabezada por California, cuyo fiscal general, Rob Bonta, afirmó que las condiciones establecidas por el Gobierno buscan utilizar los fondos federales como mecanismo de presión política.
Entre los estados que participan en la acción judicial figuran Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de Pensilvania y Kentucky, cuyos gobernadores se sumaron al proceso.
La disputa legal pone nuevamente bajo escrutinio las políticas de la administración Trump relacionadas con el financiamiento federal de servicios de salud reproductiva y podría determinar el alcance que tendrán las nuevas condiciones para los estados y organizaciones que reciben estos recursos.
